La incertidumbre política y económica deja en el alero los próximos Presupuestos

Las posturas con Unidas Podemos están más que alejadas. Y la idea de una prórroga presupuestaria ya no resulta descabellada, en un momento en el que el impacto de la inflación sobre la revalorización de las pensiones y los salarios públicos complicará también el apoyo de los distintos grupos políticos al plan del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Hacienda insisten en que «los Presupuestos se aprobarán en tiempo y forma». Pero el reloj corre y, de no alcanzar un pacto en el plazo legal -que establece que el borrador esté listo a finales de septiembre para su tramitación parlamentaria en el último trimestre-, el Gobierno se vería abocado a una prórroga. Una situación que está contemplada en la Constitución y no conlleva sanciones de Bruselas. «Tampoco se perderían los fondos europeos», confirman fuentes consultadas. «Las partidas están asignadas y el desembolso está sujeto al cumplimiento de determinados hitos, aunque habría que ver cómo se establece técnicamente sin unos nuevos Presupuestos», indican.

Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, explica que el gran problema sería la débil imagen institucional que ofrecería España en un año en el que, además, asumirá la presidencia de la Unión Europea. «2023 también es año electoral y en ambos casos interesa dar una imagen potente de estabilidad y eso pasa por contar con unos nuevos Presupuestos, el principal instrumento de política económica de un Gobierno», explica.

No obstante, no sería la primera vez que se produce una prórroga. En 2012, 2017 y 2018 se extendieron los presupuestos del ejercicio anterior y luego se aprobaron a mitad de año. Y en 2019 -con dos elecciones generales- y 2020 -con la irrupción de la pandemia- se usaron los de 2018. «Como se hizo entonces, el Gobierno tiraría de decretos leyes para ir manejando las cuentas públicas, sobre todo en materia de revalorización de las pensiones y de salarios de los funcionarios», indica Pich.

Pero eso no significa que haya vía libre. Sobre todo porque «la prórroga derivaría en un documento que no sería creíble en un contexto económico completamente distinto al que existía cuando se aprobaron las cuentas para este ejercicio». Es decir, las partidas de gasto por decreto tendrían que medirse al milímetro.

Cuando se aprobaron los Presupuestos de 2022, el Gobierno estimaba que la economía crecería un 7% este año, con una inflación al 1,6% de media. La nueva previsión tras el golpe de la guerra apunta a un crecimiento del PIB del 4%, con una inflación media del 7,2%.

Es precisamente la escalada de la inflación y su efecto sobre impuestos como el IVA o el IRPF la que otorga cierto margen para acometer mayores gastos previstos para este año y también para 2023. Y es que, pese a la desaceleración económica, la recaudación tributaria se ha disparado un 19% hasta mayo. En total, 97.096 millones de euros, según los últimos datos de la Agencia Tributaria. Es la cifra más elevada para el periodo de toda la serie histórica e implica 15.558 millones más frente a enero-mayo de 2021. Es decir, con ella ya se cubriría el coste de la inversión para las medidas anticrisis.

Los expertos coinciden, no obstante, en que ese impacto extra por la inflación es temporal, por lo que el Ejecutivo no debería plantear su nueva hoja de ruta bajo la perspectiva de que ese colchón se mantenga. Al menos si quiere ofrecer credibilidad a las cuentas con las que debería reducir el déficit al 3,9% del PIB en 2023, según lo pactado con Bruselas.