Incautados varios bienes de etarras a fin de hacer frente a su responsabilidad civil

Hasta el momento los funcionarios de la a Jefatura de Información (UCE1) y los grupos de información del País Vasco y Navarra se han incautado de, al menos, cuatro vehículos, entre ellos, un Toyota RAV4 propiedad de Roberto Carlos Vecino Santamaría, que estaba aparcado en el polígono industrial Beurko de Barakaldo (Bizkaia). La operación cuenta con las bases de datos del Servicio Común de Ejecutorías de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que controla el dinero desembolsado.

Según Interior, entre las personas a las que se van a incautar bienes se encuentran 10 miembros de ETA, entre ellos algunos históricos activistas de la banda, y más de 40 responsables de acciones de violencia callejera. Entre los expresos a los que se han incautado bienes están Idoia López Riaño, 'La Tigresa' o Mercedes Galdós, histórica miembro del comando Nafarroa de ETA en los ochenta.

Interior afima que las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la operación Zerga, permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.

Por ello, se está procediendo al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Para ello, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.

Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento. Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

«Esta operación de la Guardia Civil pone de manifiesto que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean estas del tipo que sean, incluidas las económicas. Por ello, continuarán investigando para proceder a la localización y detención de todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes» ha señalado Interior.