Imputan al exjefe de la UDEF por presiones para tapar la caja B del PP

El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis ha imputado a Olivera después de tomar declaración como testigo el pasado martes al inspector Manuel Morocho, investigador principal del 'caso Gürtel' y adscrito entonces a la UDEF, la unidad anticorrupción. Morocho detalló una reunión con Olivera en una cafetería en Madrid en la que éste le ofreció un puesto bien remunerado en la embajada de España en Portugal para apartarse del caso que salpicaba al PP.

Esta cita se produjo en junio de 2013, en pleno escándalo por la fortuna oculta por Luis Bárcenas en Suiza y la difusión de sus apuntes contables sobre la existencia de una caja B en el PP desde los años noventa. El inspector relató al juez las «presiones paralelas» sufridas para no incorporar en un informe judicial los nombres de los perceptores de sobresueldos en el partido con dinero de la contabilidad paralela. Aunque finalmente hizo caso omiso y los incluyó en un anexo del documento remitido al juzgado en aquellas fechas.

«Me conminaron a que minusvalorara los papeles (de Bárcenas)», admitió el inspector al juez, según fuentes jurídicas presentes en su declaración. A lo que García Castellón respondió sin ambages: «Pues me deja usted un panorama desolador».

En esa comparecencia, Morocho también mencionó que durante la reunión con Olivera éste recibió una supuesta llamada del exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para interesarse por su respuesta a la oferta para irse a Portugal con una remuneración de 10.000 euros mensuales («Hola ministro. Sí, estoy con él», reprodujo el testigo sobre la llamada a Olivera). Sin embargo, el abogado de Fernández Díaz, presente en la testifical, negó este extremo. El titular de Interior entre 2011 y 2016 está investigado también en la 'operación Kitchen'.

En cualquier caso, un mes después de esta supuesta llamada y del infructuoso ofrecimiento a Morocho se puso en marcha el dispositivo parapolicial de seguimiento a la familia Bárcenas para recuperar información sensible en su poder sobre altos cargos del PP. Un operativo «ilegal», según sostiene la instrucción judicial, que se enmarcaría por ahora en delitos de cohecho, malversación de caudales públicos (por el uso de fondos reservados de Interior) y tráfico de influencias.

Precisamente, en un informe conocido este jueves -perteneciente a la parte de la pieza que estuvo secreta hasta el miércoles-, la Fiscalía considera que el operativo 'Kitchen' «habría logrado sus objetivos» y que «alguno o algunos de los mandos policiales implicados» en este asunto tendría en su poder documentos sustraídos a Bárcenas o a su mujer.

En el juicio por la 'caja B' del PP, el extesorero ya apuntó al tribunal que el comisario Andrés Gómez Gordo se llevó dos audios con el expresidente del PP Mariano Rajoy y con Javier Arenas que demostrarían su conocimiento de la contabilidad opaca. «O Gómez Gordo los ha destruido o debería aportarlos (a la causa)», reclamó. Este comisario está investigado en 'Kitchen' y se considera cercano a María Dolores de Cospedal, ya que fue responsable de la seguridad durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.

Del mismo modo, el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, y en el que Anticorrupción apoya la personación del hijo de Bárcenas e Iglesias como perjudicado, revela la existencia de al menos otros cuatro colaboradores en el dispositivo parapolicial. Uno se conoce con el sobrenombre de «K», que se uniría al del chófer Sergio Ríos («K2»). Son un escolta, un preso, un empresario y un familiar.