El Gobierno desata el "estupor" de jueces y fiscales al no elevar su oferta salarial

Este inmovilismo de los ministerios deja escaso margen para suspender los paros convocados, pese a que Rodríguez anunció a sus interlocutores que este jueves volverán a verse las caras a a las 12 de la mañana para presentarles un calendario para debatir otras medidas concretas para mejorar la situación laboral de los togados , según han señalado fuentes cercanas a la negociación.

En concreto, se pretenden crear grupos de trabajo «en un plazo de tres meses» para tratar aspectos como el pago de las guardias, los medios necesarios para la puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia (se crearán 100 nuevas plazas para jueces y fiscales en 2023 y la misma cifra en 2024 con un coste de 10 millones), la revisión de los días libres o tratar la situación de los juzgados unipersonales en partidos judiciales poco habitados o que aumentan su población de forma exponencial en época estival. Los grupos de trabajo se reunirán cada mes y en mayo de 2024 volverá a convocarse la mesa de retribuciones con carácter anual, según el documento remitido por Justicia al que ha tenido acceso este periódico.

Sobre la oferta de 46,7 millones del Gobierno, 2,2 millones más que la primera propuesta que se hizo al comenzar la negociación, el número dos de Justicia explicó que se mantienen los tres tamos para su ejecución: el 40% a abonar con carácter retroactivo a 1 de enero de 2023, otro 40% el mismo día de 2024 y el 20% restante a partir del 1 de julio de 2024.

Estos 46,7 millones suponen una media individual de unos 447 euros brutos al mes en doce pagas para los 8.800 jueces y fiscales en activo. Del mismo modo, la propuesta global supone solventar el 7% del poder adquisitivo que jueces y fiscales dicen haber perdido en dos décadas (según ellos alcanza el 20%).

El montante se aplicaría en tres líneas: subidas de 350 euros para los trabajadores del Grupo 1, como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las fiscalías provinciales; hasta 390 euros para el Grupo 2, caso de los fiscales de segunda categoría, y 450 euros para el Grupo 3, fiscales de tercera categoría.

A falta de esta nueva reunión, la cuarta desde que se convocó la mesa de retribuciones -el órgano legal creado para negociar las subidas de sueldo de jueces y fiscales, a quienes no se les permite estar sindicados-, la huelga indefinida no solo no ha perdido fuerza sino que ha ganado enteros, admiten las fuentes consultadas, que no se explican por qué el Ministerio de Justicia ha necesitado seis días para responder si no ha habido una nueva contraoferta económica.

En este sentido, los tres vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentes en la mesa de retribuciones: José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán y Juan Martínez Moya, todos ellos del sector conservador, han transmitido a las asociaciones judiciales su apoyo a la huelga vista la deriva de la negociación, según explican las fuentes consultadas. El cometido de los vocales en este órgano consiste en velar por "un sistema retributivo objetivo, justo, equitativo, transparente y estable que reconozca adecuadamente la responsabilidad y dedicación de jueces y magistrados", según comunicó el CGPJ al inicio de las reuniones.

Además, cabe recordar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron, tras dos meses de huelga, que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.300 funcionarios que integran este cuerpo. Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la Administración de Justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 190 millones e irán a una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.