El horizonte judicial de Begoña Gómez podría prolongarse hasta 2026

Anticipar los movimientos de este juez hermético es imposible, pero nadie descarta en los juzgados de plaza de Castilla una instrucción de meses o que tenga en la cabeza citar como investigada (imputada) a Gómez, ya que no podría interrogarle nunca como testigo. La decisión, en cualquier caso, no llegará antes de que Peinado interrogue a los dos primeros testigos de la causa en mayo, los directores de los medios EsDiario y El Confidencial, que han publicado algunas de las informaciones que atañen al esposa de Sánchez. Imposible también es determinar qué haría la Audiencia Provincial ante un hipotético recurso de la Fiscalía en contra de la imputación de Begoña Gómez, que ya ha sido reclamada por Manos Limpias.

El magistrado ha decretado el secreto de las actuaciones, pero según han revelado fuentes jurídicas, el interés del juez, en primer lugar, se centra en la firma por parte de Gómez en julio de 2020 -en calidad de codirectora del Máster en Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid- de sendas cartas cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía.

Se da la circunstancia de que el principal accionista de la UTE, el empresario Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.

Aquella UTE avalada por Begoña Gómez acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones de euros en una época especialmente crítica para la empresa por las consecuencias del covid. En ninguno de los tres lotes, la UTE presentó la oferta más ventajosa, pero esta sociedad de empresas logró la máxima nota en los apartados de valoración subjetiva y eso le permitió superar al resto de competidores en la calificación final.

Entre las diligencias que reclama Manos Limpias están las cartas de recomendación. En esas misivas rezaban: «la dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE (Fondo Social Europeo). Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados», decía la carta respaldada por Begoña Gómez.

Otra de las actuaciones más polémicas de Begoña Gómez en su actividad profesional es el acuerdo que firmó en 2020 el IE Africa Center de Begoña Gómez con Globalia, la matriz de Air Europa, para un patrocinio. Según publicó El Confidencial en su momento, la esposa del presidente se reunió en privado con el consejero delegado de ese grupo, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía en las mismas fechas que Globalia estaba negociando con el Gobierno un rescate millonario para hacer frente a las pérdidas por la pandemia.

Al final, el Gobierno concedió a Air Europa una ayuda de 475 millones de euros, una cifra récord en el sector y con la que la aerolínea pudo esquivar una situación económica límite. Aquel desembolso millonario de la SEPI fue aprobado por un Consejo de Ministros en el que participó el propio Sánchez.

El tercer caso en el que algunos medios han involucrado a la mujer del presidente es que la consultora en la que es accionista Begoña Gómez, Inmark, recibió cinco contratos públicos por valor de 140.000 euros mientras ella era propietaria de las acciones.

La denuncia señala, en primer lugar, a delitos recogidos en el artículo 429 del Código Penal, en el que se persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades «prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este» para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Por otra parte, el delito de corrupción privada, también recogido en la demanda, se regula en el artículo 286 bis del Código Penal y castiga a quienes «prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros». También afecta a aquellos que «reciban, soliciten o acepten» esos beneficios o ventajas.

Manos Limpias, el colectivo que estás detrás de denuncia que ha dado origen a esta investigación, tiene un pasado cuanto menos convulso. Esta organización, tachada como 'ultra' por sus detractores, se define como sindicato, aunque no cuenta con una masa de trabajadores detrás. Está dirigida por Miguel Bernad, que fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión por un delito continuado de extorsión y otro de estafa. Sin embargo, el Tribunal Supremo le absolvió recientemente al considerar que no existían pruebas suficientes de las presiones que se le atribuían en el caso Ausbanc.

Este pseudosindicato alcanzó su mayor notoriedad cuando consiguió sentar en el banquillo del 'caso Nóos', como única acusación particular, a Cristina de Borbón, acusada de haberse lucrado con los negocios irregulares de Iñaki Urdagarin, hoy su exmarido. La hermana de Felipe VI resultó absuelta tras el juicio.