La Justicia europea respalda a Llarena y abre la puerta a la entrega de Puigdemont

La gran sala del tribunal, con sede el Luxemburgo señala que el principio de confianza mutua entre los Estados miembro de la UE constituye la «piedra angular« del sistema de cooperación judicial y que la denegación de una euroorden »debe tener un carácter excepcional«. Apunta, sin embargo la importancia «capital» del derecho fundamental a un juicio justo. Por tanto, si una persona buscada alega que su entrega supondría una vulneración a dicho derecho, la autoridad judicial -en este caso Bélgica- debe llevar a cabo una investigación en dos fases.

Por un lado, Bélgica debe evaluar si existe «un riesgo real» de vulneración de los derechos fundamentales debido a «deficiencias sistémicas o generalizadas» en el funcionamiento del sistema judicial español. Y, además, si por la naturaleza de la infracción, existen razones «serias y fundadas» para creer que dicha persona correrá tal riesgo en caso de ser entregada. Bélgica solo podrá rechazar la ejecución de una euroorden si llega a la conclusión de que «esas deficiencias existen» y si la falta de competencia del órgano jurisdiccional emisor -en este caso el Supremo- «es manifiesta». De este modo, Bélgica puede «aplicar una disposición nacional» que prevea que se denegará la ejecución de una Orden Europea de Detención y Entrega cuando dé lugar «a la vulneración de un derecho fundamental».

El TJUE añade que, «en virtud de la obligación de cooperación leal», la denegación de la ejecución de una euroorden basada en la falta de competencia del órgano emisor debe ir precedida de «una solicitud previa de información complementaria». Declara, además, que pueden emitirse varias Órdenes Europeas de Detención y Entrega sucesivas contra una misma persona -aunque otro Estado miembro haya negado su entrega- siempre que esa nueva euroorden tenga un carácter «proporcionado».

El abogado general del alto tribunal ya apuntó en julio que Bélgica se había extralimitado al no acatar las euroórdenes e hizo referencia al principio de «confianza mutua» entre los Estados miembro de la Unión Europea. El letrado del TJUE, Jean Richard de la Tour, dio entonces la razón a Llarena, en una opinión que no es vinculante, pero que suele guiar las decisiones del alto tribunal. Explicó que para negar la entrega de Puig por el riesgo a que se violen sus derechos fundamentales, la Justicia belga debía presentar pruebas de «deficiencias sistémicas y generalizadas» en el sistema judicial español. Apuntó, además, que no se puede poner en duda las competencias del Tribunal Supremo para emitir euroórdenes. Si la sentencia de este martes sigue esta misma línea, abriría la puerta a la entrega del expresidente catalán.

El proceso judicial por esta causa se remonta a marzo de 2021, cuando Llarena elevó a la Justicia europea sus dudas sobre la interpretación de los magistrados belgas de la euroorden emitida contra el excoseller Puig. Con todo, ahora, con la reforma del Código Penal y la derogación del delito de sedición, el magistrado del Tribunal Supremo debería emitir nuevas euroórdenes actualizadas contra los implicados en el 'procés'. En el caso de los eurodiputados Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí la maraña judicial es aún más compleja, por lo que Llarena apuntó que esperará a la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre su inmunidad parlamentaria antes de emitir nuevas euroórdenes. Sin embargo, en el caso de Puig, el Supremo podría emitir una Orden Europea de Detención y Entrega de forma más rápida.

El caso sobre la inmunidad del expresidente y los exconsellers Comín y Ponsatí quedó visto para sentencia y ésta podría llegar en el mes de marzo. Con todo, esta decisión todavía puede ser recurrida ante el TJUE, por lo que el proceso judicial podría alargarse aún más. Además, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, defiende que antes de emitir una nueva euroorden, Llarena debe pedir un nuevo suplicatorio ante el Parlamento Europeo, ya que los delitos por los que se pediría su entrega han sido modificados. Por su parte, el abogado de la Eurocámara apuntó que no ve necesario volver a iniciar todo este proceso.