Los ejes sobre los que basculará el debate del estado de la nación

Tras siete años de ausencia el Congreso de los Diputados vuelve a albergar a partir de mañana el debate del estado sobre la nación, un pleno que solía ser la gran cita parlamentaria del año y que no puede producirse en un momento más idóneo ante la crisis económica e inestabilidad política en la que España parece estar inmersa. Estos son algunos de los principales temas que marcarán el que será el vigésimocuarto debate del estado sobre la nación de la nuestra historia democrática.

La invasión ucraniana por parte de Rusia ha alterado los planes que la mayoría de países pertenecientes a la UE tenía tras empezar a dejar atrás la pandemia de covid-19 y empezar a ver la luz al final del túnel. Los efectos que dicha contienda en pleno corazón de Europa está produciendo en el comercio mundial -los precios de la energía y los alimentos se han disparado- ha provocado que la mayoría de países y organismos financieros haya rebajado las previsiones de crecimiento. Y España no es una excepción. Pero la invasión rusa ha desencadenado otra serie de movimientos geopolíticos de los que España también forma parte, habiendo adquirido el compromiso de aumentar el presupuesto de Defensa junto al resto de socios de la OTAN. Algo que ha impedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez centrar su agenda en otros frentes que, según apuntan sus socios, eran más prioritarios. La invasión perpetrada por el régimen de Vladìmir Putin ya ha sido objeto de debate en numerosos plenos por parte de los diputados de la Cámara Baja - incluso el presidente Volodímir Zelenski compareció por videoconferencia en noviembre- y se espera que también sea uno de los principales asuntos a los que se haga referencia en el debate que comienza mañana.

El convulso momento que define las relaciones actuales entre el Ejecutivo y sus socios hace prever que Pedro Sánchez se enfrentará a un debate que no le resultará ni mucho menos cómodo. El compromiso adquirido por el Ejecutivo de aumentar el presupuesto militar ha distanciado al PSOE de Unidas Podemos, quien desde el inicio de la guerra en Ucrania se ha mostrado contrario a la política exterior que Pedro Sánchez ha llevado a cabo. Este mismo fin de semana la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, advirtió a Sánchez de que en las próximas cuentas públicas se juegan la reelección y aseguró que la parte morada del Ejecutivo es la única que defiende «lo que un Gobierno progresista debería reivindicar». Una queja convertida en habitual desde que la coalición entre ambas formaciones echase a andar. Otro de los asuntos que más ha tensado la cuerda entre el Gobierno y sus socios, sobre todo los independentistas y nacionalistas, ha sido el espionaje con el programa israelí Pegasus al que muchos de los líderes de estas formaciones habrían sido sometidos. Una polémica por la que ERC y UP pidieron la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles, pero que al final se saldó con el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban.

El Gobierno se enfrenta a una tensión inflacionista que no se veía desde hace cuatro décadas. Los precios no paran de subir y la tasa de IPC, que desde el Ejecutivo estimaban que hubiera tocado techo en marzo (9,8%), superó la cota psicológica de los dos dígitos el pasado mes de junio (10,2%, según la estimación preliminar del INE). Y aunque reiteren que se debe a un problema con el gas y la electricidad que están solucionando con la bajada de impuestos a la luz y el tope al precio del gas aprobado por la Comisión Europea, la realidad es que la inflación subyacente (que no incluye energía ni alimentos frescos) está en niveles desorbitados (5,5% en junio, cuando hace un año era del 0,2%) y los expertos advierten de que esta es una tasa mucho más complicada de bajar. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya ha reconocido que su previsión es que la inflación vaya a seguir en niveles altos lo que queda de año y el Banco de España aboga por un pacto de rentas para que empresas y empleados compartan los costes de la inflación

El presidente del Gobierno no podrá obviar, y de hecho lo utilizará como argumento, el origen energético de toda esta crisis económica. La subida de precios de la luz, el gas y los carburantes ha sido constante desde el verano pasado. Pero «la guerra de Putin» ha dado la puntilla a unos desorbitados costes que han elevado drásticamente la inflación. Un mes después de la puesta en marcha del tope ibérico que limita el precio del gas en el mercado, la gran apuesta de España y Portugal frente a Bruselas para contener los precios de la luz, Pedro Sánchez tratará de sacar músculo con una medida que, por ahora, no ha dado los grandes resultados esperados por el Ejecutivo. La factura de la luz se ha quedado prácticamente esquilmada, casi sin impuestos y sin cargos fijos. Aunque la percepción social sigue sin notar estas medidas. La apuesta en el despliegue de las renovables -aspecto crucial para enfrentarse a VOX, que insiste en la vía nuclear-, el cambio en el mecanismo de formación de precios en Europa -Von der Leyen inicirá esa reforma en otoño- y los problemas de suministro de cara al invierno elevarán el tono del debate energético.

Sin unas nuevas cuentas públicas -las de 2023-, el Ejecutivo tiene poco margen de maniobra. De hecho, la prórroga presupuestaría impulsaría aún más la convocatoria de elecciones generales. Por ello, Pedro Sánchez insistirá en la necesidad de aprobar un nuevo Presupuesto que, más allá de la arimética parlamentaria que finalmente plantee Moncloa, contendrá decisiones de calado que han marcado estas últimas semanas políticas: la revalorización de las pensiones con el dato de inflación. En el Ejecutivo insisten en que «hay que cumplir la ley», y la norma indica que las pensiones subirán con el IPC medio de noviembre de 2021 a noviembre de este año. Todas las prestaciones. Aunque esa medida tendrá un coste millonario que mermará otras partidas presupuestarias. También una posible subida de sueldo de los funcionarios indexados a la inflación -ahora por encima del 10%-. Y, por supuesto, el incremento en el coste de la deuda que paga España y que para 2023 será mayor por la subida de tipos del BCE. Solo con esas tres cuestiones, las cuentas públicas se encontrarán fuertemente condicionadas para realizar cualquier otro tipo de actuación en un año que se prevé electoral. Entre otras, la necesidad de incrementar el gasto en Defensa, como acaban de acordar los socios de la OTAN en la Cumbre de Madrid.

• Temas
• España