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La defensa de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, trata de impedir que una nueva acusación popular con intereses «difusos» se persone en las diligencias abiertas por una jueza de Badajoz por presunto tráfico de influencias.
Tras la entrada en ... el procedimiento del pseudosindicato Manos Limpias (denunciante original) Vox y Hazte Oír, otro colectivo ha pagado la fianza para perseguir al investigado. Se trata de la asociación Liberum, surgida en 2021 en plena pandemia para combatir las medidas anticovid y que se presenta como defensora de los derechos humanos. Antes se personó en el denominado 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, la investigación abierta al que fuera asesor del exministra de Transportes José Luis Ábalos.
Pues bien, el abogado de David Sánchez ha pedido a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma que expulse del procedimiento a Liberum porque no representa ningún «interés material» que justifique su legitimación para acusar en este asunto. En un recurso de reforma presentado este lunes solicitan a la instructora que revoque su decisión de admitir al colectivo.
La presencia de la acusación popular llega después de que la jueza ordenara recabar y analizar todos los correos electrónicos del investigado como trabajador de la Diputación de Badajoz y otros cargos de este ente público para conocer cómo se contrató al hermano del presidente del Gobierno. Del mismo modo, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha pedido la Agencia Tributaria que emita un «informe detallado» sobre una serie de aspectos fiscales: si tiene su residencia fiscal en España o Portugal, y en su caso, cuándo se ha realizado el cambio de residencia, y si está «sería compatible con su condición de funcionario público y su obligación de prestar sus servicios profesionales de forma habitual en Badajoz.
También pidió a la Agencia Tributaria las declaraciones tributarias de David Sánchez presentadas en los últimos cinco periodos impositivos, su examen y «si de ellas puede deducirse algún indicio de delito contra la Hacienda Pública», así como si de sus datos «puede determinarse un incremento en su patrimonio que no sea consecuencia directa de sus ingresos».
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