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Hacienda movió este martes ficha tras la intensa controversia política por el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias para el uso de los remanentes de tesorería que tienen los ayuntamientos. El Gobierno, que plantea a los consistorios la posibilidad de prestar a ... la Administración General del Estado ese dinero, ofreció una serie de condiciones para tratar de apaciguar, aun sin éxito, el malestar de alcaldes de distintos partidos. La más destacada tiene que ver con los intereses que abonan las entidades locales por tener esas cantidades depositadas en el banco. El Ejecutivo ofreció asumir esos gastos, lo que según sus cálculos puede conllevar un ahorro anual de hasta 70 millones de euros.
En este momento, nada le garantiza al Gobierno poder sacar adelante el decreto ley que aprobó la semana pasada tras cerrar el acuerdo con la FEMP, donde el proyecto tan sólo obtuvo el voto favorable del PSOE y la abstención de IU-Podemos. Más bien lo contrario. Los socialistas no cuentan con mayoría en el Congreso, y regidores de distinto color político -PP, PNV, Adelante Cádiz, Ciudadanos, Esquerra, JxCAT, Coalición Canaria y Compromís- ya firmaron el viernes un documento de rechazo a un pacto del que, por otro lado, no podrán beneficiarse los ayuntamientos sin liquidez.
El manifiesto quedó suscrito por los alcaldes de Madrid, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Cádiz, Granada, Lleida, Murcia, Pontevedra, Reus y Santa Cruz de Tenerife. Pero tampoco Barcelona está conforme. Ada Colau negó este martes que el consistorio vaya a prestar sus ahorros, 165 millones de euros, al Ejecutivo central. Tampoco lo harán los ayuntamientos gobernados por Catalunya en Comú. «Es -denunció la situación, a su juicio, de infrafinanciación- una falta de respeto». Ni siquiera descartó generar déficit este año. Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, alentó el «cierre de cajas municipal» como protesta.
Incluso en las filas del PSOE se abrió una grieta con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, contrario al préstamo. En el PP, que escenifica un plante, también hubo alguna diferencia. Su alcalde en Málaga no descartó hacer uso del mecanismo. Aunque lo que piden ciudades como Madrid es, en realidad, poder utilizar sus remanentes. Así se lo han trasladado por carta a Hacienda.
El acuerdo concede a los ayuntamientos la opción de prestar al Estado ese dinero. A cambio, se les inyectaría 5.000 millones, de manera proporcional, en dos años. A partir de 2022, y durante una década, el préstamo será devuelto. Si ese plazo se amplía a 15 años, los consistorios obtendrían un tipo de interés a su favor del 0,05%.
El Ayuntamiento de Madrid, así como los consistorios de ciudades como Málaga o Valladolid, han enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le piden «algo muy sencillo y de justicia», esto es poder utilizar el remanente de tesorería, «dinero de los propios ciudadanos», reiterando así su oposición al acuerdo entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Así lo ha dado a conocer la alcaldesa en funciones de Madrid, Begoña Villacís, durante su visita a las obras del entorno de Plaza de España. Allí ha añadido que además se han enviado otras dos cartas más, una a la Comisión Europea, y otra al Comité de las Regiones.
En las tres se pone de manifiesto que «las ciudades son las grandes afectadas por la crisis de la Covid-19, las grandes damnificadas, porque es donde hay más densidad demográfica», pero que al mismo tiempo se sienten «ignoradas en primer lugar por el propio gobierno central, que está incautando un remanente que se necesita como el comer».
Según Villacís, este remanente de tesorería es clave para dar de comer en la capital del país a 88.000 familias. «Necesitamos el remanente, y aquellos ayuntamientos que opten por el gobierno de Sánchez, toman una decisión equivocada, porque en la vida y en política cuando uno tiene que decidir entre vecinos y su partido, siempre tiene que optar para sus vecinos, para eso es uno alcalde», ha advertido.
En relación a las misivas a la Comisión Europea y al Comité de las Regiones, Villacís ha indicado que en ellas ponen de manifiesto que en el presupuesto 2021-2027 «las ciudades tengan el papel que merecen». «Es desde las ciudades desde donde tenemos que abordar las emergencias, necesitamos los presupuestos si queremos ser efectivos, es importante, es de justicia, y es unánime disponer de fondos», ha subrayado.
Y es que, la vicealcaldesa madrileña cree que el acuerdo entre Hacienda y la FEMP «se parece cada vez más a las preferentes», y ha advertido de que «las familias no pueden esperar 15 años para comer, para tener ayudas a la emergencia social».
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