Hacienda reclama ajustes a Andalucía por incumplir el déficit en 2018

Desde el ministerio niegan esa intervención de las cuentas, ya que la Junta de Andalucía, que preparaba precisamente para 2020 una operación para captar 1.930 millones, podrá buscar ese crédito en el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). «Andalucía cumplió los objetivos establecidos en la Ley de Estabilidad en 2017, y por eso se le autorizó a salir a los mercados, pero esos requisitos no se dan en 2018 y por eso no puede optar por esa vía», señalan. Recuerdan además que la carta, que se remite a todas las comunidades que se desvían de la senda de déficit –y todas lo han estado en alguna ocasión en los últimos años—, fue enviada antes de la aprobación de los presupuestos. De esta manera, ahora el ejecutivo autonómico no tiene que modificar sus cuentas, pero sí presentar un anexo en el que se detallen cómo se realizará esa previsión de ajuste.

No lo ven así desde el Gobierno andaluz de derechas, que considera la medida «arbitraria» y un «atentado contra la autonomía» de Andalucía y piden una rectificación. Explican que Andalucía cerró el ejercicio 2018 en el 0,5%, una décima más de lo reclamado por Hacienda que se traduce en unos 813 millones de euros. El ejecutivo regional lo atribuye además a la herencia recibida, ya que el dinero se fue en el pago de dos sentencias contra la Junta de Andalucía que, aunque se abonaron en 2019, fueron computadas en las cuentas de 2018 durante el último trimestre de ese ejercicio y ya bajo el mandato de Antonio Ramírez de Arellano, sucesor de Montero a mediados de 2018 al frente del área presupuestaria. Es el caso de los 200 millones de euros por la paralización de la licencia al centro comercial Nevada de Granada y los 165 millones de euros de sobrecoste de las obras del metro de Sevilla. También de otras facturas procedentes de gasto farmacéutico y de sanidad.

Aunque Andalucía obtendrá el dinero al mismo tipo de interés que si saliera a los mercados, el problema reside, alega la Junta, en que la inclusión en el FLA supone la monitorización mensual de las cuentas autonómicas, así como la necesidad de aprobación de cualquier operación de endeudamiento. Y aventura que el plan de ajuste que requiere Hacienda para cumplir los objetivos de estabilidad y deuda pública tendrá consecuencia directa en las partidas de Sanidad y Educación, las dos más abultadas en los presupuestos autonómicos para 2020. Unas cuentas que, por otra parte, ya contaban con el tirón de orejas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ante la rebaja fiscal prometida y las dudosas vías de compensación recogidas. Hacienda niega estos extremos, y recuerda que la propia norma deja «total libertad» a las comunidades para acometer esos ajustes.