Hacienda estudia la fórmula para que los ayuntamientos tiren del superávit frente a la crisis

Así lo ha reconocido la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. «Estamos en comunicación con la FEMP», ha aclarado, aunque no ha querido dar pistas sobre el momento en el que alcanzarán ese posible acuerdo. En cualquier caso, Montero ha recordado que el Ejecutivo ya ha autorizado el uso de 300 millones para políticas sociales sin que compute en la regla de gasto. Lo hizo en marzo, cuando el Ejecutivo decretó el estado de alarma, aunque Hacienda impuso algunas restricciones para que ese dinero no se gastara en cualquier partida, fuera o no relacionada con la crisis actual.

Esa normativa, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es el corsé con el que se encuentran los ayuntamientos para hacer frente a una situación económica tan grave como la actual. La norma les obligó a cerrar en superávit desde el año 2013 y esa misma disposición les impide gastar parte de lo ahorrado, aunque lo necesiten. Solo en 2019, los consistorios cerraron con un saldo positivo de sus cuentas públicas de 3.839 millones de euros. A lo largo de los últimos años han generado un remanente de unos 28.000 millones, según los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que se encuentran guardados en las cuentas bancarias.

Las entidades locales consideran que son ellas las que deben «gestionar y decidir cómo aplicar» los excedentes en las actuales circunstancias para luchar contra el coronavirus, así como «para reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social». La FEMP, presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, considera que deben ayudar a «sectores vitales» como el pequeño comercio, sectores de proximidad, pymes o autónomos, así como para políticas activas de empleo y rescate de personas vulnerables.

Además, los ayuntamientos recuerdan a Hacienda que verán reducir «notablemente» sus ingresos en los próximos meses, porque las circunstancias de la crisis afectan a servicios como el transporte urbano, y al cobro de tasas e impuestos como el IBI, el de circulación (IVTM), el de Actividades Económicas, la plusvalía inmobiliaria o las zonas de aparcamiento regulado. Esta sangría de ingresos «retrasará previsiblemente su calendario de pagos», apuntan, y, por tanto, producirán un desequilibrio presupuestario.

La única 'ventana de liquidez' de la que han dispuesto los ayuntamientos en los dos últimos años ha sido la posibilidad de destinar dinero del superávit a las denominadas 'inversiones financieramente sostenibles'. Esto es, un gasto acotado a partidas (transporte, obras públicas, etc.) que cumplieran esos requisitos en materia medioambiental o social, entre otros conceptos. En este caso, la FEMP también reclama prorrogar los plazos de ejecución de muchas de esas obras anunciadas en los dos últimos años como consecuencia de la suspensión de los plazos administrativos por el estado de alarma, para así poder ejecutarlas hasta el próximo ejercicio.