Gürtel, nueve años de pesadilla para el PP que no cesa

Cinco días después, Mariano Rajoy, arropado por la dirección de su partido, pronunció una frase para la historia: «Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP». El rosario de acusaciones, sin embargo, no dejó de crecer. Los 30.000 euros en trajes para Francisco Camps; los alcaldes de los municipios madrileños y altos cargos del Gobierno autonómico que realizaron pingües negocios; apareció en escena el todavía tesorero Luis Bárcenas; las amistades remuneradas de Correa con Jesús Sepúlveda y Ana Mato; las obras en la sede del partido pagadas en negro; y más. Para finales de marzo, hay 55 imputados. El PP replicó con una querella contra Garzón por prevaricación que fue rechazada.

La presencia de personas aforadas en la Comunidad de Madrid y en la de Valencia obligó a Garzón a inhibirse a favor de los respectivos tribunales superiores de justicia. Pero el PP no se olvidó de él. Desató una intensa campaña por una cacería en la que coincidieron el juez y el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que le costó el puesto a este último. No hay pruebas, pero Garzón siempre ha sospechado que el partido de Rajoy estuvo detrás de la querella en su contra por las escuchas en el caso Gürtel, declaradas ilegales por el Tribunal Supremo en 2012, y que acarrearon su inhabilitación durante 11 años. Rajoy, entretanto, siguió erre que erre y en junio aseguró que el PP no había recibido «ni un euro» de la trama corrupta.

En Madrid, el juez Antonio Pedreira asumió la investigación, pero ante la aparición de aforados ante el Supremo, como Bárcenas, que era senador, se inhibió de esa parte de la causa a favor del alto tribunal. El tesorero del PP dimitió del cargo «de forma transitoria» y del escaño, de forma que su causa volvió al Superior de Madrid. Pedreira, enfermo y víctima de fuertes presiones a las que nunca puso nombre y apellido, puso fin a dos años de instrucción con el sobreseimiento en noviembre de 2011 de las actuaciones contra Bárcenas, su esposa Rosalía Iglesias, y demás acusados. Entretanto, el presidente de la Generalitat valenciana salió absuelto por decisión de un jurado popular en el juicio por los trajes.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no aceptó el carpetazo a la causa y recurrió. La Sala de lo Penal aceptó sus argumentos y el caso pasó a manos del juez Pablo Ruz en marzo de 2012, que abrió una larga instrucción en la que se descubrieron los 47 millones del extesorero del PP en bancos suizos o las cuentas millonarias de Correa en Suiza, Mónaco y Uruguay. Un dinero en ambos casos fruto de comisiones pagadas por constructores que, de acuerdo a la investigación, una parte iba a la contabilidad B del PP y otra a los bolsillos de los intermediarios.

A finales de enero de 2013, salieron a la luz los papeles de Bárcenas, que detallaban el pago de sobresueldos a dirigentes del PP, entre ellos Rajoy, y el cobro de donaciones de empresarios. El presidente del Gobierno respondió: «Es falso. Nunca he recibido ni repartido dinero negro». Pero la Fiscalía Anticorrupción vio indicios de existencia de una caja B del PP, y Ruz incorporó los documentos a la causa. Se publicó asimismo el intercambio de mensajes entre Rajoy y Bárcenas que evidencia la amistad entre ambos. «Luis sé fuerte» o «hacemos lo que podemos», decían dos de aquellos 'sms'.

Pero aunque el PP ya había roto con Bárcenas, no podía quemar las naves, y la secretaria general del partido, Dolores de Cospedal, dio una explicación el 25 de febrero de 2013 de su despido que quedará para los anales: «La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación, simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una retribución». Ruz ordenó en julio de 2013 el ingreso en prisión del extesorero, en la que permaneció hasta enero de 2015. Desde la cárcel y en declaraciones ante el juez amagó con contar todo lo que sabe, llegó a decir que pagó 50.000 euros a Rajoy y Cospedal, pero no pasó de ahí, y además hizo las paces, al menos hasta que se ha conocido la sentencia, con el que fuera su partido.

El instructor, entretanto, siguió a lo suyo y ordenó registrar la sede nacional del PP ante la falta de respuesta a sus requerimientos. A pesar de las peticiones de las acusaciones particulares, Ruz rechazó imputar al presidente del Gobierno por la caja B. En cambio, incorporó a la causa el pago con dinero negro por parte del PP de las obras de remodelación de su edificio.

El juez dio por concluida la instrucción de la primera etapa (1996-2015) y en marzo de 2015 abrió juicio oral con 37 imputados, y el PP y Ana Mato como beneficiarios a título lucrativo. La dirección popular reclamó sin éxito que se declarase nula la instrucción. Un mes después, Ruz es relevado por el juez José de la Mata al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Por fin, el 4 de octubre de 2016 comenzó el juicio por la causa de la primera etapa. El PP volvió a intentar que se declarase nula la instrucción, pretensión que fue desestimada una vez más.

Fueron citados a declarar como testigos toda la cúpula del partido en aquellos años, y también Rajoy, que trató de eludir la citación con una videoconferencia. El tribunal de la Audiencia Nacional no aceptó y le llamó el 26 de julio pasado, donde durante casi dos horas dijo no saber nada de las cuentas de su partido a pesar de haber sido vicesecretario, secretario general y presidente desde 1990 hasta hoy. «Las cosas son como son y a veces no son como a uno le gustaría que fuera», respondió entre enigmático y socarrón.

La sentencia conocida hoy le deja en situación precaria. Sobre todo porque desmonta el argumento central del PP durante estos nueve años de que nunca hubo relación con la trama. El fallo ha demostrado que vínculo hubo,y además estrecho.