Anticorrupción avala la confesión de Correa y los empresarios donantes del PP valenciano

Esta actuación fue realizada ante el juzgado de instrucción o mediante comparecencia personal ante la Fiscalía asistidos de sus letrados y quedó recogida en escritos -de defensa y posteriores- de fechas comprendidas entre marzo de 2016 y marzo de 2017.

También con carácter previo a la celebración del juicio oral, el acusado Francisco Correa remitió al Juzgado Central de lo Penal una carta de 30 de noviembre pasado dirigida a la entidad Credit Suisse en Suiza, en la que indicaba que remitiera a la cuenta del juzgado el importe en el que se cuantificaba la indemnización por la defraudación tributaria cometida por la sociedad Orange Market. Dicha iniciativa ha dado lugar, a diferencia de otras actuaciones procesales anteriores respecto de los fondos cautelarmente bloqueados, a la comunicación de las autoridades suizas de la orden de transferencia por 2.060.748,27 euros. Asimismo, el acusado remitió al juzgado un escrito de 2 de enero pasado reconociendo los hechos descritos en la acusación de la Fiscalía y aportando datos relevantes en relación con los delitos y sus autores.

Estas circunstancias han determinado que se aprecien las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Respecto de Francisco Correa, en los delitos contra la Hacienda Pública las atenuantes de reparación del daño y de confesión. La misma decisión con respecto a la falsedad documental y al delito electoral. En total, la petición de pena se queda en siete años y tres meses de prisión.

Respecto a los empresarios donantes, entre ellos el sobrino del exconsejero y expresidente de Las Cortes Valencianas Juan Cotino, eluden cualquier penas por su colaboración con la justicia. Mientras que en el caso del exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, el hombre que endosó la responsabilidad de la financiación irregular al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, Anticorrupción «no aprecia la concurrencia de circunstancias atenuantes de su responsabilidad penal», sin perjuicio de individualizar la pena en cada caso, siempre dentro del mismo grado en el que venía solicitada en las conclusiones provisionales.

Esto es, a Costa le pedían de forma inicial 7 años y nueve meses por tres delitos electorales y falsedad documental continuada y se le queda en una solicitud de cuatro años y tres meses de prisión y más de 50.000 euros de multa. Por su parte, a Álvaro Pérez, 'el Bigotes', pasa de 27 años a 16 años y medio y a Pablo Crespo, de 22 años a 13 años y medio de prisión.