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Erradicar la «contaminación política» del sistema de nombramientos de los altos cargos judiciales, el verdadero objeto del deseo de los partidos y uno de los grandes obstáculos para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Vicente Guilarte, presidente interino del órgano de gobierno de ... los jueces, ha remitido una propuesta a título particular a las Cortes (Congreso y Senado) para que los grupos parlamentarios - fundamentalmente PSOE y PP por su mayoritaria representación- estudien la iniciativa que supone una reforma en profundidad de la actual designación de magistrados.
El plan de Guilarte, de 17 páginas, pretende evitar futuros bloqueos en la renovación del CGPJ, como ocurre en la actualidad, y plantea también dos fórmulas para la elección de los 20 vocales que forman parte del órgano. En primer lugar, recomienda dar continuidad a la actual designación parlamentaria de los consejeros si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa".
Esto es, que no hayan tenido cargos previos por condición partidista, que tenga reconocido prestigio y en el caso de los abogados que estuvieran en ejercicio. La lista debería incluir a profesionales que representen al Notariado, al Registro, a la Abogacía, al Cuerpo de Letrados de Justicia, a la Abogacía del Estado y a la Procura.
Además, con la finalidad de evitar el perfil "político" de los designados por este turno se podría valorar la introducción de causas de inelegibilidad tales como haber sido miembro de un Gobierno nacional y/o autonómico, diputado nacional y/o autonómico, senador, alcalde o concejal.
En segundo término, Guilarte propone que si la nominación de los vocales procedentes del ámbito judicial (12 de los 20) queda en manos de los propios jueces, como sostiene el PP, debería tener la misma prevención. Es decir, evitar que las asociaciones de la carrera no proyecten su afinidad partidista en sus propuestas de los candidatos y que la elección de jueces no adscritos a asociaciones sea proporcional.
Otras de las llamativas recomendaciones del presidente interino del CGPJ se refieren a la elección de los magistrados del Tribunal Supremo, lo que supondría la reforma de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Frente al sistema actual controlado en exclusiva por el Consejo, Guilarte plantea que los togados sean nombrados por una comisión cualificada de cinco miembros, mayoritariamente compuesta por magistrados del alto tribunal y por vocales del CGPJ de similar capacitación, y presidida por los primeros. La idea es entregar a la carreja judicial un peso decisivo en la conformación de estas comisiones.
Del mismo modo, aconseja a las Cortes la reducción a cinco de los miembros de la Comisión Permanente del CGPJ con dedicación exclusiva frente a los siete actuales y que la elección de los cargos gubernativos, es decir, presidencias de audiencias, TSJ y Salas se realice solo entre los propios jueces del territorio afectado o de la Sala correspondiente.
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