Guilarte dejará la presidencia del Consejo del Poder Judicial si este miércoles no hay renovación

Será, por lo tanto, un encuentro clave para salir de la permanente crisis institucional en la que vive el gobierno de los jueces. Un órgano constitucional que está en funciones desde hace cinco años y tres meses -un hecho inédito en democracia- y cuya parálisis impide cubrir el 30% de las plazas vacantes que en la actualidad existen en el Tribunal Supremo: 25 magistrados en total.

Pero no todos los ojos estarán puestos en la trascendental reunión del miércoles santo, la cuarta cita desde que el negociador del PSOE Félix Bolaños, a la sazón ministro de Justicia, y el vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, aceptaron la mediación del comisario Reynders en enero pasado. En el CGPJ también seguirán de cerca este encuentro porque, de volver a fracasar, abrirá la puerta a otra crisis de poder que debilitará más si cabe el funcionamiento de la institución.

Y es que Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ por sustitución, comprometió su futuro en el cargo al resultado de la mediación de Reynders. El jurista, que lleva en el puesto desde julio de 2023, ya avanzó el 31 de enero los pasos que iba a dar en caso de que no hubiera acuerdo. «Si los buenos oficios de Reynders no tienen éxito, recuperaría mi trabajo como profesor en la Universidad de Valladolid», dijo.

El 21 de febrero siguiente, en otro acto, fue más contundente: «Es evidente que yo estaré aquí a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar con este carácter accidental la presidencia».

Guilarte, por lo tanto, dimitirá si este miércoles no hay un principio de acuerdo entre Bolaños y Pons. Pero antes de llegar a este escenario todas las miradas están puestas en la última reunión de Reynders. El PP quiere renovar y reformar el sistema de elección del Consejo al mismo tiempo (que los 12 vocales de procedencia de la carrera judicial sean elegidos directamente por sus pares) y exige al PSOE un compromiso por escrito para ello. Los socialistas, en cambio, defienden que la prioridad es la renovación.

En el caso de consumarse el fracaso de la negociación y la salida de Guilarte, cabe recordar que el expresidente del CGPJ Carlos Lesmes lanzó el mismo órdago en septiembre de 2022 para forzar el desbloqueo, pero tras constatar que los contactos entre socialistas y populares no llegaron a buen puerto cumplió su palabra y dimitió un mes después.

A Lesmes le sucedió el vocal progresista Rafael Mozo, por ser el de mayor edad, y tras su jubilación forzosa al cumplir 72 años, el pasado 19 de julio, Guilarte recogió el testigo siguiendo el mismo criterio. Para ocupar este cargo el jurista tuvo que renunciar a sus trabajos como profesor y abogado porque la presidencia exige dedicación exclusiva. Ahora, de dimitir y dejar el órgano en 15 de los 21 miembros que comenzaron el mandato, el siguiente en la lista por edad sería el vocal conservador Wenceslao Olea.

Olea, integrante de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, la misma que supervisa las resoluciones del Gobierno, fue el ponente del informe aprobado el pasado jueves por el Pleno sobre la ley de amnistía. Por nueve votos contra cinco y dos abstenciones, una de ellas la de Guilarte, Olea concluyó que la proposición impulsada por el PSOE y sus socios de investidura era «inconstitucional» porque vulnera la separación de poderes y la igualdad. Además, su informe descalifica la tramitación parlamentaria elegida para aprobar la ley y dio argumentos al PP en la batalla que ha emprendido en el Senado contra el Congreso.