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El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha remitido hoy a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta actualizada de modificación del sistema de nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo, de cargos gubernativos del Poder Judicial ... y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Se trata del segundo documento tras el remetido el pasado 23 de abril a las Cortes.
Guilarte ha movido ficha tras reactivarse ayer las reacciones a su plan para erradicar la "contaminación política" del método de designación de los altos cargos judiciales, el verdadero objeto del deseo de los partidos y uno de los grandes obstáculos para renovar el Consejo, según considera el presidente por sustitución del órgano constitucional.
Así, en relación con las manifestaciones realizadas ayer en una entrevista en La Hora de TVE por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Guilarte le ha dado la bienvenida al «círculo» de quienes creen que el problema radica en la fórmula de elección de los altos cargos judiciales y consideran necesario someterlos a los principios de mérito y capacidad. Sin embargo, le ha advertido de que los nombramientos "deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental, asentada en el artículo 122.2 de la Constitución Española".
En un comunicado, Guilarte ha añadido que "no es en ningún caso admisible propiciar cualquier zona de influencia del Gobierno, sea directamente o se enmascare a través de organismo o comisión interpuesta". En este sentido, ha recordado que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) los nombramientos se efectuaban por el Ministerio de Justicia, por lo que "no tiene sentido alguno volver a épocas pasadas si bien con distintos protagonistas".
Del mismo modo, ha avisado que "ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente (Pedro Sánchez) es imprescindible aclarar este extremo, pues la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo".
Ayer, en TVE, el líder del Ejecutivo anunció que si no hay acuerdo con el PP antes de julio para renovar el CGPJ tras cinco años de interinidad, el Gobierno y el Congreso "darán una respuesta". Hasta este miércoles, el Gobierno no había ofrecido detalles sobre el plan en manos del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y Sánchez apuntó a una solución como la que el 23 de abril sugirió Guilarte.
Defendió, así, que hay que eliminar el "incentivo perverso" que supone para no renovar el Consejo -ahora dominado por los vocales conservadores y muy crítico, entre otras cosas, con la ley de amnistía- la capacidad de nombramiento de los magistrados del Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. Pero no aclaró si la reforma legal que pretende poner en marcha se reducirá a esa rebaja de poderes del órgano, tras acusar una vez más al PP de incurrir en un "atropello" a la democracia.
En su nuevo documento, Guilarte admite que la crisis de la institución ya no puede limitarse a la mera renovación del CGPJ, pactando veinte nombres "que nacerían enormemente condicionados por las circunstancias políticas de su designación". Y señala que ahora, "cerrados los ciclos electorales, al menos por el momento, no hay excusa que diluya la necesidad de acometer su solución".
Por ello, el presidente del órgano de gobierno de los jueces considera que las palabras de Sánchez "abren la puerta a la esperanza" y admite que el método de elección de los altos cargos judiciales "está hoy ontológicamente viciada de discrecionalidad". Por lo tanto, reitera la necesidad de someterlos a los principios de mérito y capacidad para dotar al Consejo de mayor independencia. Finalmente, espera que las Cámaras respondan a su propuesta y que profundicen en las reformas necesarias para llevarla a cabo.
Desde las asociaciones judiciales, la mayoritaria APM, de perfil conservador, rechazó ayer en una entrevista en RNE el plan de Guilarte y secundó las reacciones del PP de que se trata de "un auténtico atropello constitucional" privarle al CGPJ la facultad de hacer nombramientos.
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