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El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha justificado en una amplia carta de diez páginas su posición sobre el informe de la ley de amnistía, debatido y aprobado en el último pleno celebrado el pasado jueves. Guilarte, junto ... al vocal Enrique Lucas, votó en blanco las dos propuestas que había encima de la mesa: la del consejero conservador Wenceslao Olea y el documento de la progresista Mar Cabrejas.
El máximo responsable del Consejo explica que si el informe aprobado se hubiera limitado al análisis de su articulado, sin entrar en el debate sobre su constitucionalidad, «se habría conseguido aprobar un único documento ya que en las cuestiones jurídicas todos habríamos estado de acuerdo». Sin embargo, ha admitido, «la polaridad que nos acosa lo ha impedido».
El informe de Olea, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la misma que se encargas de revisar las resoluciones del Consejo de Ministros, entre otras, tachó la proposición de la amnistía de «inconstitucional» porque vulnera la separación de poderes y el principio fundamental de igualdad ante la ley. Fue aprobado con los votos de nueve de los 16 vocales, aunque no tiene un carácter vinculante para el Poder Legislativo.
Por su parte, el texto de la vocal Cabrejas sostuvo que «el silencio constitucional respecto de la amnistía no significa que exista un vacío jurídico» y recomendó, además, que la legalidad de la ley «pasa por acreditar que con ella se persigue un fin legítimo que debe superar un juicio de proporcionalidad».
Valorada su opinión sobre este aspecto, Guilarte sí reconoce que la exposición de motivos de la ley es insuficiente porque se ha hecho por una mera ecuación parlamentaria, es decir, para conseguir los apoyos de Junts por parte del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Una crítica que ha explicado de forma anatómica: «Puede donarse gratuitamente un riñón pero no a cambio de un precio, de igual manera que no cabría indultar, menos aún a amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa», señala.
Para Guilarte existe un «evidente componente político» en la tramitación de la norma, que tacha de «transacción política» y reitera su «contrapartida» a la investidura. «La amnistía tiene una causa relativamente simulada en los términos en los que la describe la exposición de motivos», es decir, que no tiene como finalidad la convivencia en Cataluña, sino una mera «transacción política», explicó.
«En función de todo ello con mi voto en blanco he pretendido, de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad tiene sin duda fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos. Asumo los riesgos de no contentar con ello a unos y a otros, sobre todo a algunos», añadió Guilarte.
En el marco de su escrito, insiste en «alentar la imprescindible renovación del CGPJ pues son escasos los mensajes que en tal sentido dirigimos a la clase política: pudiera parecer que la situación no nos incomoda», concluye. La última novedad sobre este aspecto es que la reunión prevista este miércoles en Madrid entre PSOE (Félix Bolaños) y PP (Esteban González Pons), con la mediación del comisario europeo Didier Reynders, ha quedado suspendida por problemas de agenta del responsable comunitario de Justicia.
Una cita que el propio Guilarte consideró trascendental para su futuro en la presidencia del Consejo, ya que en dos ocasiones (31 de enero y 21 de febrero pasado) admitió en público que de no fructificar esta ronda de negociación dejaría su cargo.
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