Guerrero intenta girar el rumbo el juicio de los ERE: «Nunca hablé de fondo de reptiles»

Durante dos días Guerrero se ha negado a ratificar sus anteriores declaraciones en sede judicial o policial, donde habló de la opacidad de las ayudas, dijo que todo el Gobierno andaluz conocía el sistema y usó la expresión “fondo de reptiles” para designar la partida de donde salían el dinero público. Ahora, y tras un breve interrogatorio de 15 minutos por parte de su defensa, afirma que hubo “errores y conceptos tergiversados que no han salido de su boca”, aunque sí concedió que el Gobierno de Chaves, y él mismo, actuaron con “honestidad” y preocupados por una situación compleja con el cierre de muchas fábricas en Andalucía y despidos masivos..

Así, a preguntas de su letrado en una nueva sesión del juicio que investiga la legalidad del sistema de ayudas implantado en la Junta, subrayó que existía una partida presupuestaria para abonarlas y que se “cumplían todos los requisitos legales y garantías”, además de resaltar que esa partida se aprobaba año tras años en las diferentes leyes de presupuestos.

“No tenemos fondos reservados”, ha aseverado, subrayando a continuación que la Cámara de Cuentas no puso ninguna pega o reparo hasta que el caso saltó a la luz pública. Es más, ha negado la existencia de intrusos o personas ajenas a las empresas que la propia administración ha reconocido y cifra en más de un centenar. “Son personas que, teniendo privado su derecho al trabajo, reunían los mismos requisitos que los que eran despedidos de la empresa y se han quedado fuera”, por lo que eran incluidos en los expedientes de ayudas sociolaborales, insinuando que se les podría considerar así porque esos expedientes en vez de nombrarse con número se les nominaba con el de la empresa que agrupaba a la mayoría. Y ha explicado que, aunque “ahora parece que hicimos ricos a muchos, los prejubilados no han cobrado más de 1.000 o 1.200 euros”, detallando además que la Seguridad Social ingresó por esos convenios unos 200 millones de euros.

Guerrero incluso ha exculpado al exconsejero José Antonio Viera, el siguiente en declarar, a quien acusó inicialmente de tener especial interés en las ayudas que recibió una comarca sevillana en la que el propio exdirector de Trabajo fue alcalde. “Hubo reflexiones, no imposiciones”, matizó ahora, justificando que al ser Viera de Sevilla quisiera conocer más información sobre las empresas en crisis de su área.