El juez, a Trapero: «¡Sáqueles de ahí!»

El juez que ordenó ayer los registros de la Guardia Civil contra el referéndum, Juan Antonio Ramírez Sunyer, tuvo que llamar a medianoche del miércoles al 'major' de los Mossos, Josep Lluis Trapero, para exigirle que sacara a las comitiva judicial (incluidos guardias civiles) que estaban rodeados en la Consejería de Economía. La orden del magistrado se produjo, según desvelan fuentes del operativo, después de que la secretaria judicial avisara a Ramírez Sunyer de que la policía autonómica había dado largas (nunca se negó oficialmente) a los requerimientos de la Guardia Civil de establecer un cordón de seguridad. "¡Sáqueles de ahí", fue la orden del juez en una conversación telefónica en altavoz grabada por la comitiva judicial.

La tensión en las calles de Cataluña también se convirtió en tensión en los despachos entre el Ministerio del Interior y la Generalitat a cuenta de la "pasividad" de los Mossos d'Esquadra a los insistentes llamamientos de la Guardia Civil para que protegiera el despliegue de la Unidad Central Especial 2 (UCE-2) durante los registros el miércoles de la sede de la Consejería de Economía. Ante este edificio de la esquina de la Rambla de Catalunya y Gran Vía se llegaron a congregar cerca de 40.000 personas, que acabaron destrozando tres todoterrenos del instituto armado y otro vehículo más oficial, no rotulado.

Según informan mandos del despliegue, desde las 12 del mediodía del miércoles la Guardia Civil reclamó a la Consejería de Interior (competente en seguridad ciudadana) un despliegue de seguridad en la zona, ante la muchedumbre que se estaba congregando y que, incluso, había provocado que los agentes que se habían quedado en los vehículos, por su seguridad, los abandonaran y se refugiaran en el interior de la sede. El Ministerio del Interior pidió a la Mossos desde el "primer momento" un cordón de seguridad, que no fue instalado.

La situación se fue complicando a lo largo de la tarde y de la noche, sin que los Mossos establecieran ese cordón. A medianoche la Guardia Civil lanzó un ultimátum, según responsables del operativo presentes en el interior del edificio: o la policía autonómica actuaba para abrir un pasillo de seguridad o la Guardia Civil mandaría a sus propios antidisturbios, los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) para rescatar a sus 'compañeros'.

La respuesta, una vez más (de acuerdo con estas mismas fuentes) fue "tibia" ante el millar de manifestantes que todavía cercaban la sede de Economía, lo que hizo que hasta pasadas las 7 de la mañana de hoy el último contingente de la Guardia Civil, quince agentes, no pudiera abandonar el edificio. Los responsables del instituto armado han denunciado que los Mossos, durante toda la tarde y noche de ayer, dieron "largas" a las peticiones de ayuda, sin llegar nunca a negarse a colaborar, lo que le habría provocado problemas legales.

Los mandos de la Guardia Civil aseguran que la tibieza de la policía autonómica a la hora de asistir a las fuerzas de seguridad del Estado está "estrechamente relacionada" con la orden del 'major' de los Mossos, Josep Lluís Trapero a los agentes de que el cuerpo tiene que ser "especialmente restrictivo y cuidadoso con el uso de la fuerza" en el mantenimiento del orden público durante las protestas de estos días. Según Trapero, el uso de la fuerza "se habrá de limitar a aquellos casos en que se haya de garantizar la seguridad propia o de terceros y siempre que no haya otra opción menos lesiva".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por su parte, ha asegurado hoy que no se ha planteado sustituir a los Mossos d'Esquadra por otra fuerza de seguridad como ha publicado algún periódico, si bien ha admitido que será necesario en los próximos días mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales en Cataluña.

En declaraciones en el Congreso, Zoido también ha señalado que no le consta ningún tipo de incumplimiento de las órdenes judiciales por parte de los Mossos, y si lo hubiera habido habría tenido consecuencias jurídicas.