Un guardia civil gana a Defensa su condición de víctima de ETA 27 años después del atentado

El agente sufrió graves secuelas psicológicas como consecuencia del atentado de un comando de ETA contra el cuartel de Mungia (Vizcaya), ocurrido el 27 de marzo de 1991, tras el lanzamiento de seis granadas en dos tandas desde un camión que fue robado de forma previa. El ataque causó importantes daños mentales al ahora demandante que provocaron su pase al retiro. Los tribunales médicos certificaron su «inutilidad permanente» como consecuencias del trauma sufrido en aquel atentado.

Guardia Civil desde 1985, el demandante se encontraba destinado en la comandancia de Vizcaya, como guía de perros detectores de explosivos, cuando el 27 de marzo de 1991 fue enviado a la casa cuartel de Munguía, que había sido objeto de un ataque terrorista con tres granadas que explotaron en sus inmediaciones sin causar daños físicos.

Eran las 21:57 horas de la noche cuando se produjo el simultáneo lanzamiento de otras tres nuevas granadas, saliendo dos de ellas en dirección al cuartel, al que tampoco alcanzan, mientras que la tercera impacta en uno de los postes del vallado metálico que circunda el solar en obras a que antes se hizo referencia, situado a ocho metros de distancia. El proyectil se activó y alcanzó tanto la onda expansiva como los fragmentos de su metralla a dos de los TEDAX que actuaban, a un guía de perros detectores de explosivos y a otros dos guardias civiles que formaban parte del cordón de seguridad.

El agente demandante no sufrió lesiones físicas graves, pero precisó un tratamiento psicológico al desarrollar un trastorno por estrés postraumático.

La primera batalla legal contra Defensa comenzó en marzo de 2013, con el popular Pedro Morenés como ministro. La Subsecretaría, por delegación de éste, declaró la inutilidad permanente del agente «ajena al acto de servicio» por insuficiencia de condiciones psicofísicas. Es decir, como consecuencia de una patología sufrida fuera del ejercicio laboral.

El juzgado central de lo Contencioso-Administrativo, en sentencia de 2015, estimó de forma parcial el recurso del demandante frente a la resolución de marzo de 2013, y consideró que su incapacidad sí fue derivada «de un acto de servicio, con las consecuencias inherentes». La sentencia fue ratificada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso de apelación de Defensa en octubre de 2015.

El 17 de noviembre de 2016, el agente reclamó al ministerio el abono retroactivo de las posibles diferencias retributivas generadas hasta el momento de la regularización y con abono de los intereses, pero la Subsecretaría de nuevo, esta vez por orden de la entonces ministra María Dolores de Cospedal, lo inadmitió el 26 de febrero pasado. La razón del departamento es que el informe general del asesor jurídico era desfavorable por no haber acreditado suficientemente el nexo causal entre las patologías acreditadas por el interesado y el acto de terrorismo. Además, consideraron que éste no constaba como víctima en la documentación del expediente militar.

Sin embargo, el abogado del agente, Antonio Suárez-Valdés, volvió a recurrir ante la justicia esta decisión administrativa y ahora, el citado juzgado de la Audiencia Nacional, ha vuelto a estimar otro recurso en primera estancia para que le reconozcan su condición de víctima del terrorismo, una vez que se resolvió que los daños psicológicos fueron generados en acto de servicio.

«Por fin se ha hecho justicia y ha terminando con el calvario del agente. Es muy triste que los guardias civiles víctimas de atentados que han visto cercenada su vida por la barbarie terrorista tengan que hacer valer sus derechos en los tribunales ante el rechazo del Ministerio de Defensa», ha señalado el letrado.