La Guardia Civil no encuentra quién le ponga un café en un cuartel emblema de la lucha contra ETA

Y es que la Guardia Civil, tras décadas de absoluto hermetismo y de no dejar a entrar a nadie del exterior por motivos de seguridad en el cuartel de La Salve, en Bilbao, decidió el pasado 30 de noviembre sacar a concurso este servicio de cantina, que durante años fue atendido por los propios agentes temerosos de que algún 'topo' de ETA pudiera colarse en estas instalaciones que fueron uno de los emblemas de la lucha antiterrorista. Pero el 27 de diciembre, cuando la mesa de contratación se reunió para abrir los sobres con las ofertas, la sorpresa fue mayúscula. En el expediente no había ni una sola solicitud para hacerse con la «gestión y explotación» del servicio a cambio de un canon de poco más de 18.000 euros anuales.

El pasado lunes, la Guardia Civil declaró finalmente desierto este concurso que, en sus bases, rezumaba cierto aire histórico y de final de una época negra. En la memoria justificativa de la fallida adjudicación, el instituto armado explicaba que La Salve de siempre «ha venido disponiendo de un servicio continuado de bar-comedor prestado por componentes de la Guardia Civil, debido a las especiales circunstancias de peligrosidad que sufrían los componentes de esta Institución».

Sin embargo, reconocía el documento oficial, las cosas han cambiado con el fin de ETA, aunque el pliego en ningún momento nombraba expresamente a la banda terrorista. «Los últimos acontecimientos –admitía la Guardia Civil- han derivado en un cierto relajamiento de esta situación que permite externalizar estos servicios, y derivar a los componentes que realizan estas funciones, al cumplimiento de las funciones institucionales que les han sido encomendadas». Es decir, que por fin guardias civiles iban a dejar de ser los camareros y cocineros de sus propios compañeros y se iban a dedicar a funciones de seguridad pública.

Desde luego no se puede acusar a la Guardia Civil de no haber intentado 'vender' bien su producto. El 'informe de viabilidad' que acompañaba la licitación era una continua loa de las bondades de ese futuro negocio para quien lo gestionara. Según Interior, el potencial público de la cafetería era de 486 personas entre personal propio, las familias que se alojan en los seis bloques de viviendas del acuartelamiento y «usuarios indirectos» como «ciudadanos, visitas de amistades a componentes del cuerpo, etc».

Desde el principio, la Guardia Civil intentó dejar claro que ese bar/comedor no era nada excepcional y que podía ser rentable porque el «personal hace uso del servicio de forma habitual conforme a los usos y costumbres nacionales». «Aproximadamente un 22% de los usuarios utiliza los servicios de cafetería, lo que supone 107 usuarios por día», prometía la licitación, que también garantizaba unos 54 servicios de comedor diarios, de acuerdos con los datos de 2019.

Siempre con esas cifras que no han convencido a nadie entre los hosteleros vizcaínos, la explotación hubiera supuesto unos «ingresos anuales» de 65.391euros, con los precios actualizados a 2023. La Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya estaba dispuesta a pagar los «costes fijos» de 6.256 euros anuales de electricidad, gas, agua o basura y aseguraba que muy mal se tenían que dar las cosas para que el empresario, descontados todos los gastos, no tuviera un beneficio el primer año ya de más de 4.500 euros. Y eso siempre con cálculos de «precios de mercado notablemente inferiores» a los reales, ya que las tablas usadas para el contrato eran de los servicios prestados por la propia Guardia Civil, un 40% menores a los de la calle, según la documentación del concurso.