La Guardia Civil cree que la 'trama Mediador' dio un pelotazo con la ayuda a África

La AAII reclamó el pasado 8 de febrero a la jueza del 'caso Mediador', María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, autorización para «requerir» a la a Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) toda la información en su poder sobre cuatro contratos cerrados en marzo de 2020 y en julio y junio de 2021 para el suministro de diverso material de la Cooperación Española para el Sahel.

Los investigadores, que en su oficio destacan la «complejidad» de «la presente investigación», aseguran a la magistrada que ven indicios de «posible materia delictiva en el ámbito de la contratación pública» en estas cuatro adjudicaciones, que alcanzan un valor conjunto de 2.352.278 euros.

La petición de información va dirigida directamente a Ana Terrón, exdiputada europea socialista y exsecretaria de Estado de Inmigración que en la actualidad es la directora de la FIIAPP, una entidad pública española que forma parte de la Cooperación Española y en cuyo patronato figuran, entre otros, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño; el ministro de Exteriores, José Manuel Albares; y la de Justicia, Pilar Llop.

Las sospechas de los investigadores -explican fuentes del caso- es que en estos contratos mediara Francisco Espinosa Navas, el general de la trama corrupta que hasta enero de 2021 fue mando de los GAR-SI -Grupos de Acción Rápida de Vigilancia e Intervención en el Sahel- activos en Mauritania, Níger, Malí, Senegal, Marruecos y Cabo Verde, países de destino de los fondos bajo sospecha.

En esos contratos figura como beneficiaria, entre otras, la sociedad mercantil Asesoramiento y Servicios de Drones S. L. Aunque al frente aparece su hija, el propietario es, de facto, el empresario José Santiago Suárez Estévez, detenido en el marco de esta investigación.

De manera paralela a las pesquisas sobre las ramificaciones nacionales de la red que está realizando Asuntos Internos, la Guardia Civil ahonda en la tela de araña que la trama de Tito Berni tejió en Canarias. Por el momento, el instituto armado tiene en el punto de mira a varios altos cargos bajo mandato socialista en el Ejecutivo del archipiélago, aunque dos nombres destacan entre el resto.

El primero es el del exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez Trujillo, quien dimitió el año pasado tras su imputación en el 'caso Mascarillas' por la compra de material sanitario durante la pandemia por parte del Gobierno autonómico que nunca llegó a entregarse. Los audios del sumario revelan numerosos contactos de Domínguez con Antonio Navarro Tacoronte, el mediador de la red ahora destapada, para evitar que se retirase una subvención a la quesería Montesdeoca, también investigada en el sumario.

El segundo alto cargo en el radar de los investigadores es el director general de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente, José Domingo Fernández Herrera. La trama mantuvo, según el sumario, al menos un encuentro con este alto cargo canario para intentar contar con la complicidad de su departamento para el proyecto con el que el empresario Antonio Bautista Prado pretendía instalar placas fotovoltaicas en instalaciones ganaderas.

Los nombres de estos dos altos cargos se unen al de Taishet Fuentes Gutiérrez, director general de Ganadería del Gobierno de Canarias en el momento de los hechos y sobrino del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni, líder de la trama. Fuentes Gutiérrez fue cesado el pasado año por «perdida de confianza», como también lo fue otro grupo de cargos del Ejecutivo autonómico sin motivo aparente y que ahora se encuentran también bajo sospecha de los agentes.

La tercera pata de la investigación desarrollada en las últimas semana es la dirigida a determinar cuántos empresarios recurrieron a la trama. La Policía y la Guardia Civil, que colaboran codo con codo en esta parte del caso, tienen bastante avanzadas las pesquisas sobre los empresarios ganaderos y queseros de Canarias que estaban pendientes de conseguir alguna subvención o licencia o que pretendían librarse o reducir alguna sanción.

Más compleja y laboriosa está resultando la segunda parte de este apartado: determinar los empresarios peninsulares que recurrieron a Tito Berni para que sus firmas, o parte de ellas, pudieran entrar en la Zona Especial Canaria (ZEC), beneficiándose así de un régimen tributario que, entre otras ventajas, incluye un gravamen reducido del impuesto de Sociedades, la exención de dividendos y menos tasas al consumo. Los agentes tienen seis empresas ya encartadas, aunque creen que el número es mucho mayor. El análisis de los más de 150.000 archivos aportados por Navarro Tacoronte a la Policía deberán arrojar luz sobre hasta dónde llegó Tito Berni en la Administración central, la canaria y el tejido empresarial.