La Guardia Civil asegura que Puigdemont buscaba 22.800 millones para poder proclamar la república

El cabo de Policía Judicial de Guardia Civil que analizó el proyecto económico del procés explicó este jueves en el Supremo que toda la contabilidad sobre la independencia fue descubierta en septiembre de 2017 en poder del entonces secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó. El volumen de datos que el instituto armado descubrió en manos de este hombre de confianza de Oriol Junqueras fue «espectacular», en palabras del agente. Había información sobre «aduanas, catastro, agencia tributaria, facturas de viajes al extranjero…». Según su testimonio, los papeles hallados a Salvadó, que tenía encomendada la función de «gestión interna de impuestos» del futuro país, demostraban que «la Agencia Tributaria Catalana no estaba preparada para actuar al día siguiente de la independencia» por lo que los responsables del Govern se habían puesto a trabajar contrarreloj para buscar una solución a ese tiempo sin una Hacienda propia con la que recaudar.

Los documentos del exsecretario revelaron –explicó a la sala el analista- que el Govern ya había encargado un proyecto a IBM, por el que abonó 241.000, para una crear una herramienta con la que gestionar la futura Hacienda catalana y la recaudación de impuestos, que el Ejecutivo de Puigdemont trató de disfrazar como un programa para mejorar la «eficacia» administrativa dentro de la autonomía.

Pero hasta que esa Hacienda diera sus primeros pasos había que tirar de otras cuatro fuentes, de acuerdo con la información que la Guardia Civil se incautó a Salvadó. La primera partida debía venir del «sector público catalán», del que el Govern espera obtener 4.500 millones de euros. La segunda pata recaudatoria iba a ser los ayuntamientos de los que Puigdemont contaba con que podrían aportar otros 6.000 millones. 1.300 millones de euros debían llegar de lo que el investigador de la Guardia Civil definió, sin especificar, como «ingresos propios». Y la última partida, la más importante, debía de venir de China. «Se encontró un correo en un pendrive, sin remitente, que reflejaba que pidieron 11.000 millones de financiación a China», explicó el agente, sin abundar más en el tema porque nadie en la sala le pidió más datos sobre este asunto. «Con eso pensaban tirar hasta que tuvieran una estructura tributaria propia», apuntó.

La financiación del gigante asiático a la hipotética república catalana, efectivamente, ya figuraba en el sumario del procés. Según los atestados del instituto armado, del análisis de a documentación de Salvadó se infirió que la persona que llevó la negociación con Pekin fue un tal «Pere», que los investigadores apuntaron que podría ser el actual vicepresidente catalán, Pere Aragonés. De hecho, este jueves ante el Supremo el analista aseguró que Aragonés «buscaba financiación internacional» para el futuro Estado.

Según los documentos que obran en la causa, el Gobierno chino exigió saber si se iba a «declarar unilateralmente la independencia» o si se iba a «negociar con el Gobierno español». Las autoridades del país oriental también se mostraron especialmente interesadas en saber «cuándo» tenía previsto la Generalitat poner en marcha «el nuevo Banco Central de Cataluña» y la composición del mismo.

Entre los papeles encontrados a Salvadó, destacó el testigo, la Guardia Civil también halló datos relativos a un viaje que Aragonés, acompañado de otros responsables de la Generalitat, a Eslovenia, supuestamente para interesarse sobre cómo el país balcánico había gestionado sus primeros meses de vida como estado independiente. Sin embargo, Aragonés no regresó muy contento de aquel periplo. Los documentos revelaron que no se podía extrapolar el caso esloveno. «Yugoslavia era un país en colapso y España es más poderoso», dijo el experto de la Guardia Civil.