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El pleno de este martes estaba llamado a ser una suerte de paréntesis en la legislatura por la imagen de unidad proyectada por los dos grandes partidos al aparcar sus diferencias e ir de la mano para sustituir el término «disminuidos» por el de «personas ... con discapacidad» en el artículo 49 de la Constitución.
Tanto PP como PSOE llamaron desde la tribuna a alejar de la refriega política la histórica reclamación de las asociaciones de personas con discapacidad y la toma en consideración salió adelante con 315 'síes', 33 abstenciones –las de Vox– y ningún voto en contra, así como la aprobación de la tramitación por la vía de urgencia y en lectura única.
En su intervención en nombre del grupo popular, Alberto Núñez Feijóo tendió una mano al Gobierno. «Si mantuviéramos esta voluntad durante más tiempo, esta reforma no sería un oasis en el desierto de la crispación», sugirió, sobre la posibilidad de que el Ejecutivo extienda la forma de negociar esta reforma al resto de la actividad política. Propuesta que recogió el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, asegurando que le gustaría que este fuera «el primero de los grandes acuerdos que esta Cámara tiene que alumbrar a lo largo de esta legislatura».
Pero el aparente espíritu de consenso no logró evitar que la reclamación de algunos grupos parlamentarios de abrir el debate para acometer otros cambios en la Ley Fundamental o la falta de apoyo de los de Santiago Abascal deslucieran el clima de concordia que no se respiraba en hemiciclo desde hacía tiempo.
Salvo PP, PSOE, UPN y EHBildu, que respaldaron sin matices la iniciativa, el resto de fuerzas acompañaron sus apoyos con críticas hacia los dos grandes partidos partidos por la fórmula elegida para aprobarla por la vía express y su postura sobre adaptar el texto constitucional a los nuevos tiempos.
«No se debe llevar a cabo solo cuando el PP y el PSOE lo deciden y solo sobre los aspectos consideren, proponiendo al resto una suerte de contrato de adhesión como pasó en el año 2011», lamentó Mikel Legarda, asegurando que les hubiera haber podido tratar de manera «sosegada» esta reforma. El PNVformulará su propia iniciativa vía enmiendas para reclamar el derecho a decidir. Para ello recuperarán la que ya propusieron hace un año en la que señalaban que «la plena realización de los derechos históricos del pueblo vasco, como manifestación institucional de su autogobierno, se exterioriza a través del derecho a decidir de su ciudadanía, libre y democráticamente representada, siendo su ejercicio pactado con el Estado».
Por su parte, el diputado de ERCFrancesc-Marc Álvaro Vidal acusó a PPy PSOE de haber convertido la reforma de la Constitución en un «tabú». «La política es gestión del tiempo y ustedes querrían una Constitución congelada», reprochó.
Podemos ironizó sobre la vuelta de los acuerdos entre PP y PSOE. «Probablemente en el Ibex estén celebrando la vuelta de los pactos del bipartidismo», señaló, para arremeter después contra los populares. «Es muy bonito señor Feijóo ponerles de acuerdo, pero fueron las ministras de Podemos las que revirtieron las políticas de recortes del señor Rajoy de más de 8.000 millones de euros en el ámbito de la dependencia», defendió su diputada Noemí Santana.
El diputado de Sumar, Lander Martínez, fue el más crítico en su intervención con Vox, quien había ya anunciado previamente su intención de abstenerse. Guante que recogió Lourdes Méndez Monasterio, quien señaló a Sánchez y Feijóo de utilizar a las personas discapacitadas «como mercancía» para «teatralizar una supuesta normalidad institucional» que, en su opinión, no existe. «Nos parece miserable que utilicen esta reforma constitucional para ocultar una realidad, que se está dando un golpe continuo a nuestro Estado de Derecho», zanjó.
A la enmienda anunciada por el PNV, también Sumar presentará dos: una de Compromís para recuperar el Derecho Civil Valenciano reconociéndolo en el texto constitucional y otra de Mès para que Formentera cuente con un senador propio y no tenga que compartirlo con Ibiza. Pero la suma de PP y PSOE garantiza la mayoría de tres quintos exigida para acometer cambios en la Carta Magna, lo que garantiza que la proposición saldrá adelante el jueves.
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