cristian reino
Barcelona
Lunes, 18 de febrero 2019, 01:09
Si la legislatura catalana ya iba al ralentí, con el inicio del juicio del 'procés' ha quedado casi paralizada. El Parlamento catalán echó la persiana la semana pasada y la oposición montó en cólera contra el presidente de la Cámara. Inés Arrimadas, líder de ... la oposición, se olvidó por una vez de ser el ariete de Quim Torra y lo fue de Roger Torrent, al que pidió la renuncia inmediata por decretar el «toque de queda» parlamentario.
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La Mesa de la Cámara, controlada por JxCat y ERC, tomó dos decisiones, la anulación de una comisión sobre infancia, justo el día en que arrancaba el juicio, y el aplazamiento del pleno de esta semana para que no coincida con la huelga general convocada por la Intersindical-CSC, próxima a la CUP, este jueves. En principio, el pleno se celebrará la semana siguiente, aunque todo depende del calendario del Supremo.
El independentismo se está volcando con una presencia masiva en Madrid para cada una de las sesiones en el tribunal y esta dinámica se mantendrá todo el juicio.
El Gobierno catalán también supedita su actividad al juicio. En la primera semana de la vista, la reunión semanal del Consejo de Gobierno se pasó del martes al lunes para que Quim Torra y el resto de miembros del Ejecutivo pudieran asistir al inicio de las sesiones.
Esta será una constante porque Torra tiene previsto asistir como público al menos cuando declaren Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Carme Forcadell. También acudirán los consejeros cuando declaren sus homólogos procesados.
El mensaje de los independentistas es claro: no pueden permitir que la situación política pueda percibirse como normal cuando se está celebrando un juicio contra sus líderes. Además, está el componente electoral, ya que el juicio es el escenario de la precampaña para los secesionistas.
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En lo que va de legislatura, que arrancó en mayo con la investidura de Torra, el hemiciclo catalán solo ha aprobado cuatro leyes. Además, solo una de ellas es de nueva creación, porque las otras tres son modificaciones de leyes anteriores.
El ritmo lo marca la mayoría independentista. La legislatura tenía que haber arrancado en enero de hace un año, pero la insistencia de JxCat en investir a un presidente procesado (Puigdemont, Sànchez o Turull), postergó el comienzo.
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Con Torra, el secesionismo apostó por un gobierno efectivo, como pedía ERC, pero los parones en el Parlament se mantuvieron. El hemiciclo estuvo tres meses sin actividad (en otoño) por las diferencias entre Esquerra y JxCat sobre los diputados suspendidos por Llarena.
Y cuando ya han resuelto (a medias) sus cuitas, se les ha echado encima el juicio y además se han dado cuenta de que ya no tienen la mayoría absoluta con la que empezaron la legislatura y las fuerzas que apoyan al Gobierno catalán no están en disposición de sacar proyectos de ley adelante. Lo mismo les pasa con los Presupuestos.
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La cámara catalana no está cerrada a cal y canto, pero sí bajo mínimos. Esta semana, la actividad prevista se reduce a comparecencias para la ponencia sobre el proyecto de ley de contratos de servicios a las personas, el intergrupo del pueblo gitano, la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, una reunión de la comisión de juventud y otra del intergrupo de población, desarrollo y salud reproductiva.
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