Un fondo de 10 millones avalará a los encausados del Tribunal de Cuentas

El fondo, según el Govern, se pone en marcha para «hacer frente a las obligaciones legales que se reclamen a miembros del gobierno, altos cargos o trabajadores públicos, en un proceso judicial o administrativo, por acciones que hayan llevado a cabo en ejercicio de su cargo o de sus funciones, y que no queden cubiertas por las pólizas de seguros que ya tiene suscritas la Generalitat».

Se trata de una argucia financiera. El fondo lo gestionará el Instituto Catalán de Finanzas, dependiente de la Consejería de Economía, y según ha asegurado el consejero de Economía, Jaume Giró, será una entidad financiera privada la que avalará las fianzas de un total de 5,4 millones que exige depositar el Tribunal de Cuentas a los 34 exaltos cargos del Govern antes del 21 de julio. No es un aval directo del Govern, según Giró. El consejero de Economía lo ha calificado de «contraaval del aval». El aval lo pone una entidad financiera con la garantía del fondo de 10 millones que hace la Generalitat.

El Gobierno catalán ha insistido en que el fondo tiene seguridad jurídica. Es a su juicio una fórmula bien armada desde el punto de vista jurídico y no hay malversación posible, como advierten desde el PSC o Ciudadanos. «El decreto no da 10 millones a nadie. Es un aval para cubrir una reclamación sin resolución judicial previa», según Giró.

La cobertura del fondo abarca todas las personas que tengan o hayan tenido la condición de personal al servicio de la Administración catalana y de los entes y organismos de su sector público, los altos cargos y los miembros del Govern.
Los trabajadores públicos podrán solicitar la cobertura de este fondo siempre que no exista una resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones realizadas; que el riesgo no se encuentre cubierto por ninguna póliza de seguro y que la Generalitat de Cataluña no haya iniciado ninguna acción contra la persona afectada, ningún procedimiento disciplinario o sancionador, ni ningún procedimiento judicial de reclamación de responsabilidad civil.

El Govern trata de dar una garantía hasta que haya una sentencia firme. Si la hubiere, el Govern, según Giró, recuperaría el dinero. Si se confirma la existencia de responsabilidad contable o responsabilidad civil, la persona beneficiaria deberá devolver el dinero, así como los intereses.