El Govern defenderá a los docentes que preserven la escuela solo en catalán

La Generalitat se conjuró a «proteger con todos los medios» el sistema de inmersión y a las personas que rigen los centros educativos, los docentes y el resto de personas que prestan servicios educativos ante posibles «ataques ilegítimos por defender el uso del catalán». Ataques, según el ideario soberanista, son las sentencias judiciales como la del TSJC, avalada por el Supremo, que obliga a los centros públicos y concertados no universitarios a dar el 25% de las asignaturas en español.

Cuando el Supremo ratificó el fallo del Tribunal Superior de Justicia, en el mes de noviembre del año pasado, el primer gesto del Govern fue una carta enviada por el consejero de Educación a los directores de las escuelas para pedirles que no cambien ni una coma sus modelos lingüísticos. «El catalán en la escuela no se toca», afirmó entonces Pere Aragonès. El Govern vuelve a llamar a la desobediencia de la comunidad educativa (ya hay institutos cuyos claustros han acordado resoluciones para mantener sus proyectos lingüísticos «de forma íntegra») y le ofrece amparo jurídico en caso de ignorar los fallos judiciales.

Según la iniciativa aprobada, la administración catalana pone sus servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica a disposición de los docentes que apuesten por preservar el modelo lingüístico, es decir los que opten por la desobediencia. «Les vamos a defender de aquellos que quieren interferir en el modelo de la escuela pública catalana; un modelo creado sobre la base del consenso político y social, y que no puede estar en juego por las amenazas», según la portavoz del Gobierno catalán, Patricia Plaja.

El Govern, en cualquier caso, mantiene un doble discurso en la cuestión del catalán, en el que ahora trata de lanzar un mensaje contundente, pues hay sectores del soberanismo que le han acusado de una cierta tibieza. Y es que, mientras llamaba a los directores a no acatar, tomó medidas para aplicar las sentencias en los 35 casos particulares, como el de Canet de Mar (Barcelona) y además admitió que no podía hacer mucho más y que el blindaje total del catalán como única lengua vehicular solo sería posible en una Cataluña independiente. El Govern está aún dentro del plazo de dos meses establecido para que comunique al TSJC cómo piensa implementar la sentencia sobre el 25% del español.

La Generalitat prevé además exigir responsabilidades por la vía correspondiente, ya sea política, penal, administrativa o de otra naturaleza, a todas aquellas personas o entidades por los «ataques a personas o colectivos por la defensa y uso del catalán o por el ejercicio de sus funciones». Días atrás, el Govern se querelló por ejemplo contra el líder del PP, Pablo Casado, por afirmar que en la escuela catalana se prohibe ir al baño a los menores que lo piden en castellano.

Pere Aragonès se conjura para defender el catalán en la escuela y en breve tiene previsto convocar una reunión del pacto nacional por el catalán, con el que buscará el máximo de unidad política y social para tratar de blindar la inmersión a través de cambios legales. En este punto, el presidente de la Generalitat cuenta con las fuerzas secesionistas, con los comunes y trata de que el PSC se mantenga en la mayoría proinmersión en la que los socialistas siempre han estado.