Sánchez busca ser investido entre el 8 y el 10 con la amnistía firmada por todos los socios

El calendario está condicionado por un viaje que los Reyes realizarán a Dinamarca los días 7 y 8. Aunque ni el artículo 99 de la Constitución, en el que está regulado la investidura, ni el 172 del Reglamento del Congreso fijan plazos determinados, lo estipulado legalmente es que una vez la Cámara baja haya otorgado su confianza a un candidato, el presidente o, en este caso, la presidenta de la institución se lo comunique al jefe del Estado. Y Francina Armengol quiere que esa comunicación pueda hacerse de inmediato, como suele ser tradicional, en el Palacio de la Zarzuela.

En esta ocasión, y a diferencia de lo que ocurrió en 2019, cuando ERC y Bildu optaron por la abstención, y los números sólo daban para una mayoría simple, Sánchez no necesitará ir a una segunda votación. Lo previsible es que logre el apoyo de una mayoría absoluta de los diputados porque el PSOE, Sumar, Junts, ERC, PNV, Bildu y el BNG superan ese listón por dos escaños. Así, llegará a tiempo para ser recibido ya como presidente con plenas de facultades en el encuentro que el PES, el partido de los socialdemócratas europeos, celebran en Málaga entre el 10 y el 11. Pero antes de que llegue ese momento habrá que sustanciarse lo que ha sido el nudo gordiano de las negociaciones.

La intención de los socialistas es que la polémica amnistía para los sucesos de 2017, sobre la que siguen sin ofrecer detalles, se registre en breve en el Congreso como proposición de ley firmada por todas las fuerzas que respaldarán al Gobierno de coalición. Esa voluntad obliga a terminar de atar con socios como Esquerra y el PNV los asuntos que, según han insistido ambos en las últimas horas, aún están pendientes de negociar.

Este martes, a las 22:10 horas, el PSOE y los republicanos avanzaron ya, en este sentido, que consideran desbloqueados «los últimos detalles» de la futura norma y anunciaron el cierre definitivo «en las próximas horas» del eventual acuerdo entre ambos partidos para la investidura, una vez sea aprobado por los órganos de la formación catalana. Ese acuerdo, según se apunta en sendos comunicados, contendrá «cuestiones políticas y económicas para desarrollar durante la XV legislatura».

Mientras en la Moncloa viven con satisfacción el momento, algunos sectores del PSOE siguen ahogando su inquietud por las consecuencias del drástico viraje acometido por el secretario general de su partido en un asunto enormemente sensible.

Felipe González, sin embargo, no eludió este martes la oportunidad de dejar claro, una vez más, su rechazo a la vía elegida por Pedro Sánchez para conservar el Gobierno. Que el exjefe del Ejecutivo no comulga con ese «hay que hacer de la necesidad virtud», con el que su sucesor justificó el sábado ante el comité federal del PSOE su disposición a impulsar una medida que hace apenas tres meses consideraba inconstitucional, ya era obvio. Pero también empieza a serlo que no está dispuesto a tragarse el sapo con resignación, como han optado por hacer muchos de sus correligionarios.

El histórico socialista, invitado igual que el resto de expresidentes del Gobierno a la jura de la Constitución de la princesa de Asturias en el Congreso, podría haber evitado a la prensa. Ni José María Aznar ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy se pusieron 'a tiro' una vez concluida la ceremonia. Pero él decidió atravesar el patio en el que suelen estar apostados los medios para someterse a sus preguntas. A veces, pocas palabras bastan:

«-¿Se habría hecho usted la foto con Puigemont?»

- «¡Por quién me toma!».

El encuentro de Cerdán con el expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia desde hace exactamente seis años, siempre entró en las previsiones del Ejecutivo como último gesto hacia el líder moral de la derecha independentista catalana y colofón a las complejas y controvertidas negociaciones de la investidura. Con ella no solo se reconoce ya a Puigdemont, el mismo político al que Sánchez prometió poner a disposición de la Justicia, como interlocutor legítimo, sino que se acepta implícitamente parte de su relato sobre lo que ocurrió en 2017.

También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el único barón crítico con Sánchez, mostró un día después su disgusto, aunque en su caso acompañado de un vaticinio pesimista: «Veremos –dijo antes de asistir al acto solemne de las Cortes – fotos todavía más graves».