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Arancha González Laya no ha desvelado si fue suya o de alguien superior la decisión de autorizar la entrada en secreto en España de líder del Frente Polisario el pasado 18 de abril. La exministra de Asuntos Exteriores, parapetada en la ley de Secretos Oficiales, ... se negó este lunes a informar al juez de instrucción número 7 de Zaragoza de si hay un señor o señora 'X', como sostienen las acusaciones populares y también ha sugerido el que fuera su jefe de gabinete.
El diplomático Camilo Villarino declaró hace dos semanas ante el juez Rafael Lasala que no creía que «fuera ella sola por sí y ante sí» la que decidiera autorizar el ingreso en España de Brahim Gali para ser tratado de covid en un hospital de Logroño. «El Gobierno no es un reino de taifas», acotó Villarino, un veterano de Exteriores que ha sido jefe de gabinete de Laya y de sus antecesores, Alfonso Dastis y Josep Borrell, y conoce a fondo el funcionamiento del Ejecutivo. «Me dice (la ministra) que se ha decidido, no me dice quién, pero lo puedo imaginar», señaló en su declaración.
Las acusaciones populares van más lejos y mantienen que hubo un «consejillo de ministros» en los días previos a la llegada de Gali en el que participaron Pedro Sánchez y los titulares de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior en el que se cocinó la decisión.
El caso es que el líder del Frente Polisario aterrizó en la base aérea de Zaragoza un 18 de abril en circunstancias poco claras. No se sabe con qué documentación entró ni quién del Gobierno dio luz verde a una operación que desencadenó una profunda crisis diplomática con Marruecos, que se sintió traicionado por España, y que seis meses después sigue sin superarse. Además, la costó el puesto a González Laya en la remodelación del Gobierno del pasado 10 de julio.
La exministra declaró este lunes durante una hora ante el juez. Se negó a responder a las acusaciones y solo contestó al instructor, al fiscal y a la Abogacía del Estado que lleva su defensa. De acuerdo a fuentes jurídicas presentes durante el interrogatorio, no aportó gran cosa. Se encastilló en que todo se hizo por «razones humanitarias» y «conforma a la ley». Ella misma dijo tras su testimonio que «todo se hizo de acuerdo con la ley y espero que el juez llegue pronto a la misma conclusión».
Pero ni ante el juez ni fuera del juzgado precisó cómo se organizó la entrada de Gali. Se atrincheró en la ley de Secretos Oficiales y un acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010 que convirtió en materia clasificada los documentos o informaciones de Asuntos Exteriores que afecten a «las relaciones diplomáticas con terceros países». Es decir, casi todo lo que se gestiona en el Ministerio. A pesar de la escasa luz arrojada sobre el caso, Laya aseguró que declaró con «sinceridad y transparencia».
Las acusaciones populares alegan que no es irrelevante quién dio la orden porque se avaló la entrada en «el espacio Schengen» sin informar al resto de países concernidos de una persona «investigada por genocidio en la Audiencia Nacional».
El juez, por ahora, no ha elevado el listón de las investigaciones. De hacerlo tendría que inhibirse en favor del Supremo por la condición de aforados de los hipotéticos investigados. Mantiene esa condición (antes imputación) para la exministra, que no es diputada, por los presuntos delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz cerró este lunes la investigación por presunto genocidio al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, sin encontrar indicios para formular una acusación.
El instructor considera que los delitos denunciados por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos ocurrieron entre 1974 y 1990, y por tanto habrían prescrito. Pedraz señala que el Código Penal de 1973, el aplicable en este caso, establece un plazo de prescripción de 20 años
La organización denunciante acusa a una veintena de miembros del Frente Polisario, entre ellos Gali, y cuatro agentes de la policía argelina de una operación de limpieza étnica contra miembros de varias minorías. Pedraz tomó declaración por videoconferencia al líder del Polisario el pasado 1 de junio, cuando todavía estaba ingresado en un hospital de Logroño.
Aunque el juez no entra en el fondo del asunto ante la prescripción de los hechos, apunta en su auto que aprecia por parte de los denunciantes un intento de «forzar la norma penal» por la escasa fundamentación de una acusación que ni siquiera incluye «todos los elementos» que se requieren para imputar un genocidio.
Pedraz considera también que la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos no aporta «detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo de los hechos» denunciados ni tampoco suministran «detalles concretos» de la participación de Gali en los hechos.
Por todo ello, el juez aprecia que no hay razones para proseguir la investigación. Una conclusión a la que ya había llegado el pasado 29 de julio, cuando ordenó el archivo de la causa. Una resolución que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó la semana pasada por un defecto de forma.
La Sala resolvió que, al tratarse de una denuncia por genocidio, el instructor debería de haber seguido un procedimiento ordinario y no uno abreviado. Anuló el archivo y ordenó a Pedraz a corregir el error.
El instructor asumió la rectificación y ratificó el cierre del sumario. Ahora será la Sala de lo Penal la que acuerde el archivo definitivo de la causa o decida que el juez prosiga las investigaciones.
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