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«¿He dejado de ser un jarrón chino? Al contrario, ahora me dicen que lo soy más que nunca». Felipe González no renuncia al derecho que cree que se ha ganado a decir lo que piensa –en este caso, a expresar su «preocupación»– cuando se ... le pregunta por el PSOE que sigue siendo el partido de toda una vida, la suya, y que negocia un comprometido acuerdo de investidura con el secesionismo sin que se eleve una voz más alta que otra en el aparato que rodea a Pedro Sánchez. El expresidente está dispuesto a demostrar que no va a permanecer impasible ante una eventual reelección de Sánchez sostenida sobre una ley de amnistía que deplora porque «no es lo mismo perdonar que pedir perdón»: ayer mantuvo un encuentro reservado con la prensa, organizado en Madrid por la Asociación de Periodistas Europeos, en el que abundó en los riesgos que observa en la operación.
Pero también se cuidó de no parecer encelado en una confrontación con sus sucesores al frente del PSOE; en que nadie pueda acusarle de hacer daño a los suyos. Él, lo dejó claro, no alentará ninguna revuelta entre los diputados socialistas para obstaculizar que Sánchez sea investido; y cree «un error» contraproducente para los propios intereses de la oposición que el PP llame a esa rebelión para «derogar el 'sanchismo'», eslogan que equiparó al «Váyase, señor González» acuñado contra él por José María Aznar.
González se arrancó con una ironía remedando a un antiguo profesor suyo de Derecho Civil: «Ya que no somos profundos, al menos seamos oscuros», lo que solo cupo interpretarse como una alusión mordaz al manto de secretismo que cubre las conversaciones de la Moncloa, singularmente con el Junts de Carles Puigdemont. A partir de ahí, el presidente que más tiempo permaneció en el poder se afanó en deconstruir los argumentos favorables a la amnistía desde la convicción de que la medida no prefigura una «política de Estado», sino que responde únicamente a la necesidad aritmética de Sánchez de los siete escaños de Junts para conquistar la reelección.
A su juicio y siempre con la salvaguarda de que el contenido de la ley es aún una incógnita, el borrado de las consecuencias del 'procés' resulta «inadmisible desde el punto de vista jurídico y político», porque significará tanto como «deslegitimar el Estado democrático» –la aplicación del 155, la instrucción del juez Llarena o el juicio del Supremo, citó– y «legitimar» a quienes se saltaron «las reglas del juego». «Yo no pediré perdón por defender la Constitución y el ordenamiento jurídico», zanjó, antes de constatar, a preguntas de los presentes, que esa legitimación alcanzaría al referéndum del 1-O. Que los secesionistas amnistiados podrían darlo por validado de aquí al futuro, al interpretar que ya se «autodeterminaron» porque lo que hicieron en 2017 –las leyes de desconexión para decretar «la 'republiqueta»– fue «legal y legítimo».
El exlíder del PSOE clamó contra que «no se quiera ver la realidad» de los resultados en Cataluña del 23-J, con un PSC ganador –y «en parte gracias la política del Gobierno, apúntenlo», bromeó– que se arriesga a perder esa «centralidad» recobrada; con ERC y Junts en sus cotas más bajas pero más condicionantes que nunca; y con un PP –llamó a «aceptarlo»– que aventajó a los secesionistas. González avaló que su partido avance en un marco federalista con reformas como la del Senado, pero no que se «desintegre» la unidad territorial consagrada en el artículo 2 de la Constitución ni una plurinacionalidad que niegue la existencia como nación preeminente de España. «Y en ese concepto de minoría nacional, ¿caben todos o solo una parte de los catalanes?, se interrogó, temeroso, al tiempo, de que «lo que se está induciendo» desde la élite del poder se traslade «a la calle».
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