Antonio Camacho, el abogado de la mujer de Pedro Sánchez, ha recurrido la última batería de diligencias ordenadas por el juez Juan Carlos Peinado, entre ellas la reclamar a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que le entregue la «relación de cantidades pagadas a Begoña ... Gómez como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva».
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El letrado de la esposa del presidente sostiene en su recurso de reforma, al que ha tenido acceso este periódico, que el interés del titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid por conocer estos nuevos detalles sobre la polémica cátedra y su vertiente económica responde a «motivos ajenos a la causa» y a «meras especulaciones interesadas». Todo ello, al margen de que, afirma Camacho, de que el magistrado en ningún momento argumenta la justificación de reclamar estos datos. «Estas diligencias nada tienen que ver con el objeto del presente procedimiento», zanja la defensa de la mujer del jefe del Ejecutivo.
Además, de conocer el sueldo de Gómez, el instructor la pasada semana reclamó al centro académico que le facilitara igualmente los desembolsos que hizo la universidad a los otros responsables de esa disciplina. En particular, el titular del Juzgado de Instrucción 41 pidió tener acceso a la «relación de cantidades pagadas, especificando número de cuentas corrientes beneficiarias, a la directora de la cátedra (la propia Gómez); al director adjunto, profesor (José Manuel) Ruano; y a todos los profesores».
Peinado también ordenó a la Complutense que le informara «a la mayor brevedad posible» de la relación de «alumnos matriculados y asistentes a cada una de las ediciones» de la polémica cátedra de la imputada.
Siempre en el plano económico, el juez del mismo modo requirió a la Fundación La Caixa y Reale Seguros, los dos patrocinadores del curso que fueron captados por la mujer del presidente, que «aporten los expedientes de concesión de la subvención para el patrocinio de creación de la cátedra y posteriores actos de continuación o seguimiento de la misma, con toda la documentación aportada por Begoña Gómez».
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Todas estas diligencias «carecen de fundamento», sobre todo porque, asegura el abogado y exministro del Interior socialista, la Audiencia Provincial de Madrid y los dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil -«cuya objetividad es incuestionable»- ya descartaron cualquier irregularidad sobre la cátedra.
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