Gobiernos del PSOE sopesan bajar el IRPF contra la inflación y ante la presión del PP

Las regiones gobernadas por el PSOE se ven presionadas así, con las elecciones locales a ocho meses vista, y algunas ya amagan con tocar los impuestos. El objetivo del PP es llevar al Gobierno de Sánchez a deflactar la tarifa estatal del IRPF, para atribuirse la iniciativa como ya ha hecho con la bajada del IVA de la luz y el gas. Pero el panorama territorial presenta variaciones que no siempre responden a esta lógica de bloques.

Son los territorios punta de lanza de las bajadas de impuestos y de la estrategia del PP en su confrontación con Moncloa. Madrid ha anunciado que deflactará un 4,1% todos los tramos de la tarifa autonómica del IRPF –según el aumento medio de los sueldos en el territorio– con efectos este 2022; y que ampliará en ese porcentaje los mínimos personal y familiar. Los ejecutivos murciano y andaluz ya han aprobado medidas semejantes aplicables en la declaración de la renta de este año. En Andalucía, la deflactación es del 4,3% para los tres primeros tramos (ingresos hasta 40.000 euros) y del mismo porcentaje en lo que se refiere al incremento del mínimo exento; mientras que en Murcia el recorte es de un 4,1% para los cuatro primeros tramos (rentas hasta los 60.000 euros).

Madrid lleva años con el Impuesto del Patrimonio bonificado al 100%, lo que lo deja sin efectos. Y esta semana ha sido Andalucía la que ha alterado la agenda política al anunciar la suspensión del cobro de este tributo. Murcia tiene encima de la mesa esa posibilidad y su presidente, Fernando López Miras, ha planteado una posible supresión en 2023. Desde la región afirman que hay que medir el impacto económico de la medida, teniendo en cuenta que Murcia es una de las comunidades peor tratadas por el sistema de financiación autonómico.

Son otros dos territorios populares en los que se ha bajado la tarifa autonómica del IRPF, pero sin deflactar el impuesto y sin usar esa palabra. En Castilla y León, el Consejo de Gobierno ha aprobado la reducción del tipo mínimo de gravamen de la tarifa autonómica desde el 9,5% hasta el 9%. Esta misma medida es la que anunció en mayo el nuevo presidente gallego, Alfonso Rueda, y que se incorporará en las Cuentas de 2023, con objeto de ayudar a las rentas bajas a sobrellevar la inflación. Además, se equipararán fiscalmente las familias con dos hijos a las numerosas. «El Gobierno gallego tiene un modelo propio, con una senda definida», explican en la comunidad.

Galicia sí seguirá manteniendo Patrimonio. Hasta ahora aplicaba una bonificación del 25% y esta semana anunciaba que este porcentaje llegará al 50% sin equipararse a Andalucía y Madrid, donde el descuento es total. Castilla y León no se plantea cambios en el impuesto. Allí se aplica la normativa estatal, con un mínimo exento de 700.000 euros.

Estas cinco comunidades gobernadas por el PSOE –en solitario o coaligado– sopesan tomar medidas tributarias para contrarrestar la subida de los precios. En la Comunidad Valenciana, el presidente Ximo Puig –que ha pedido a Sánchez que castigue en el reparto de los fondos estatales a las autonomías que bajen impuestos– ha anunciado que su Gobierno trabaja «en una reforma fiscal frente a la inflación para ayudar a la clase trabajadora». Su equipo no responde a la incógnita de si ello se traducirá en la deflactación del IRPF o si se adoptarán otro tipo de medidas, y emplazan al debate de política general del martes para conocer los detalles del plan fiscal del Govern.

El Ejecutivo extremeño de Guillermo Fernández Vara ha recibido propuestas tributarias por parte de otros partidos que se están estudiando con vistas a la elaboración de los Presupuestos regionales para 2023. Su fase de negociación acaba de iniciarse con el objetivo de alcanzar «un gran pacto» además de con los grupos políticos, con los agentes sociales y económicos.

Canarias se encuentra también en fase de estudio de las acciones que puedan compensar el efecto de la inflación en los contribuyentes. Entre las medidas que se valoran se incluye la deflactación, aunque no solo. Pero cualquier iniciativa tendrá que cumplir dos condiciones: la cuantía que implique de descenso de la recaudación tiene que resultar asumible y su impacto debe ser progresivo; es decir, favorecer más a las rentas más bajas. Aragón descarta la deflactación con el argumento de que no tiene efecto redistributivo, pero no renuncia a la adopción de otras medidas sobre el IRPF. En una situación similar está Cantabria. Preguntada al respecto, Castilla-La Mancha, otra autonomía socialista, no se ha pronunciado sobre si tomará medidas en el IRPF.

Si en Extremadura Patrimonio se incluye dentro de los posibles cambios tributarios, Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria y Canarias descartan modificaciones en un tributo que, valoran, no afecta a un amplio número de contribuyentes y redistribuye la riqueza. Castilla-La Mancha sí se ha pronunciado a favor de impulsar la armonización fiscal en España en figuras fiscales como esta.

Estas dos comunidades, fuera del régimen común y con soberanía tributaria completa, fueron las pioneras en la adopción de medidas fiscales para contrarrestar la subida de los precios. Navarra, liderada por la socialista María Chivite, deflactó un 2% la tarifa del IRPF de 2022 en una ley foral de medidas tributarias de finales de 2021 e incrementó la deducción por mínimos personales y familiares. Pero la propuesta de la oposición para deflactar de nuevo la tarifa con vistas a 2023 no prosperó. A cambio, se trabaja en la aprobación de una deducción extraordinaria en 2022 para rentas medias y bajas.

En el País Vasco, también con concurso socialista en su Ejecutivo, la tarifa del IRPF se ha deflactado ya dos veces en todos sus tramos: en primer lugar, a finales de 2021, un 1,5%; y en agosto, un 4%. Este jueves, el lehendakari Urkullu planteó una tercera para aplicar con el IPC subyacente.

En cuanto al impuesto del Patrimonio, Navarra mantiene la idea de no suprimirlo, porque sus ingresos colaboran en el sostenimiento de los servicios públicos y refuerzan su capacidad económica. Y el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, tras conocerse la suspensión de este tributo en Andalucía, declaraba que «Euskadi no va a participar en la pesca de los ricos».

Hay un grupo de regiones que no se plantean realizar cambios fiscales. Cataluña está abordando las primeras fases de elaboración de las Cuentas para 2023, pero no parece que se vayan a incluir medidas de ajuste del IRPF. Tampoco en Baleares o La Rioja se prevé por el momento ninguna modificación en este impuesto. En Asturias constatan que la deflactación del Impuesto sobre la Renta supondría un coste importante en las arcas públicas y los servicios públicos y además en el Principado valoran que se trata una medida que iría en contra de la progresividad del impuesto.

Estos territorios tampoco contemplan cambios en el Impuesto sobre el Patrimonio. Cataluña puntualiza que con otro modelo de financiación autonómica que les fuera más favorable, sí podrían permitirse modificar un tributo que aporta más de 500 millones cada año a sus ingresos tributarios. Y hay autonomías como Asturias que inciden en la contribución de este tributo a la progresividad del conjunto del sistema fiscal.