El Gobierno y la Zarzuela demoran las reformas prometidas sobre la Corona

En este tiempo, en el que las informaciones y las investigaciones judiciales sobre los negocios opacos de Juan Carlos I han arrojado unos perennes nubarrones negros sobre la Zarzuela, el Ejecutivo y la Casa del Rey han trabajado con discreción para tratar de introducir algunas medidas de transparencia y fiscalización. La voluntad de ambas partes es acometer reformas profundas para «adecuar la institución a los tiempos actuales». Si avanzan en esa tarea modernizadora o no, nada se sabe. Todo es silencio.

En la Moncloa se limitan a confirmar que los contactos continúan, y que será el nuevo ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el que sustituya a Carmen Calvo en su interlocución con Jaime Alfonsín. Pero dejan claro que es Felipe VI quien «marca los tiempos». Y ya se sabe que las cosas de Palacio van despacio. «Sin prisas, ni estridencias», aseguran.

Desde que se conociese que don Juan Carlos estaba bajo la lupa de la Fiscalía, el Rey ha dado señales de gran firmeza con el rechazo de la herencia de su padre o su salida de la Zarzuela, su residencia desde 1962. Pero en el Gobierno insisten en que, en este momento, esos pasos no son ya suficientes y reclaman cambios más profundos que atajen la sensación de impunidad que provocan casos como el de las finanzas del rey emérito y protejan a la Jefatura del Estado.

Entre las posibilidades que se barajan estaría una reforma en la ley de Presupuestos para establecer un mayor control sobre las cuentas de la Casa del Rey, de manera que se arrojara luz sobre algunos gastos que a día de hoy no pueden ser controlados por las Cortes.

En la Zarzuela sostienen que desde que Felipe VI llegó a la Jefatura del Estado ha puesto en marcha ya varias medidas como auditar las cuentas por una consultora externa, regular los regalos o introducir un código de conducta para los funcionarios de la Casa Real. Medidas que se antojan insuficientes para reflotar una monarquía acosada por los escándalos del emérito.

Otra de las opciones que estaría sobre la mesa es la revisión de la inviolabilidad de la que goza el Rey para circunscribirla únicamente al ejercicio de su cargo. Un asunto éste más delicado porque exige un procedimiento agravado de reforma constitucional que abriría en el Congreso espacio a un debate sobre el futuro de la monarquía parlamentaria que el PSOE quiere evitar a toda costa.

Las prácticas nada ejemplares de Juan Carlos de Borbón han provocado, en los últimos meses, por parte de Unidas Podemos y el resto de formaciones republicanos una campaña antimonárquica basada en invalidar la utilidad de la Corona en base a los fallos de quien fue su titular hasta el 2014. Para estos partidos, la única renovación posible de la monarquía es su desaparición o, por lo menos, la modificación de la Constitución para dejar las funciones del Rey vacías de contenido.

El debate entre los expertos sobre el corsé constitucional es intenso. Pero hay quien sí ve recorrido a limitar por ley la inviolabilidad del monarca. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, manifestó este viernes en una entrevista a Europa Press que su partido vería con buenos ojos la elaboración de una norma que sirva para dejar claro que ésta afectaría únicamente a los actos que lleva a cabo como jefe del Estado. Esta idea es precisamente la que planteó Esquerra Republicana de Catalunya en una iniciativa que la Cámara baja tumbó el pasado febrero con el 80% de los votos en contra (sólo 74 de los 350 diputados votaron a favor) y que Unidas Podemos quiere recuperar para el próximo periodo de sesiones.

La formación de Ione Belarra ultima su proyecto de ley de la Corona en la que quieren establecer un mayor control sobre las cuentas y los discursos del Rey, para que no se repitan «posicionamientos políticos» como los que, en su opinión, dirigió Felipe VI en su alocución a los españoles del 3 de octubre, tras el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña. Los morados defienden que el monarca «cruzó la línea» en ese discurso «perdiendo su papel simbólico y de neutralidad».

En todo caso, la normativa está abocada al fracaso. Al igual que las proposiciones que Unidas Podemos ha registrado en el Congreso para investigar los negocios opacos de don Juan Carlos, el proyecto no contará con el respaldo de sus socios de Gobierno. Los socialistas argumentan que para una propuesta así hace falta un consenso amplio, que incluye sumar al PP.