El Gobierno Vasco reclama a Sánchez extender al euskera el blindaje del catalán

Tras el encuentro bilateral del miércoles, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, proclamó el compromiso de «garantizar el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección». Se refería al pacto logrado sobre el catalán, pero explicó que «todo esto es extensible a cualquier otra lengua cooficial en España». Unas palabras que han alimentado las esperanzas del Gabinete de Iñigo Urkullu, que denuncia que los poderes centrales del Estado «no se han comprometido con la normalización de las otras lenguas que no son el castellano», según lamentó ayer el portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística en Radio Popular.

En puridad, el Gobierno se comprometió por escrito hace sólo dos semanas a promover el euskera, el catalán y el gallego en los organismos dependientes del Estado. Lo hizo, de hecho, en un acuerdo parlamentario con el PNV dentro de las propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación. Sin embargo, Zupiria alega que el Ejecutivo central «no tiene planes de normalización, no tiene diagnóstico sobre el nivel de conocimiento y uso» y tampoco evalúa «si se está cumpliendo o no la obligación que tienen de atender a euskera a quien así lo quiera». «Todos los que hablan en nombre de una España plurilingüe deberían mostrar ese compromiso con el desarrollo de la pluralidad de las lenguas oficiales», añadió el consejero.

El Ejecutivo central ya acordó con el PNV el impulso del euskera en los organismos del Estado

Los emplazamientos llegaron la víspera de la reunión hoy entre la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, para abordar el proceso de transferencias pendientes. Aprovechando la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE) que se celebra en Leioa, las representantes de ambos gobiernos se verán las caras después en una cita puramente protocolaria que busca reducir la tensión de las últimas semanas.

Lakua viene mostrando su indignación desde que Sánchez, desde la tribuna del Congreso, rechazó el traspaso de cuatro competencias concretas: Meteorología, Gestión del Litoral, el fondo de cinematografía y las autorizaciones iniciales de trabajo para personas migrantes. Alegó que los ministerios competentes habían emitido su negativa a los términos planteados por el Gobierno Vasco.

Las declaraciones del presidente llevaron al lehendakari, Iñigo Urkullu, a denunciar la «renuencia» del Ejecutivo central al cumplimiento del Estatuto de Gernika casi 43 años después de su aprobación. No en vano, hace ya tres años y medio que Moncloa remitió a Lakua un calendario de traspasos que se ha ido posponiendo, primero por la sucesión de elecciones y después por la pandemia. Pero, superados esos acontecimientos, los retrasos se siguen dando de forma constante. Zupiria lamentó ayer que el Gabinete de Sánchez «vaya con forceps y resistencias» para culminar el proceso. El portavoz esperó que la cita de hoy sirva para «avanzar» en el cumplimiento del Estatuto. «Si nos hemos comprometido todos a que sea así, hagamos lo posible», remachó.

«Se ha celebrado en 65 ocasiones y es la primera vez que sale de Madrid. Es importante porque nos permite reconocernos mejor en la diversidad. Euskadi es una comunidad muy importante para el Gobierno de España, que siempre ha mostrado un enorme interés por los asuntos europeos».

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, enfatizaba esta semana en este diario la relevancia de que la CARUE llegue hoy a Leioa, al Palacio Artaza. ¿Qué es la CARUE? Se trata de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, que se convoca una vez al año y congrega a todas las comunidades autónomas para abordar de forma conjunta los retos comunitarios fijados por Bruselas.

Un foro cada vez más relevante por la enorme dependencia que los Estados miembros y, por ende, sus gobiernos autonómicos tienen de las políticas marcadas por la Unión. La CARUE de este año, a la que también asistirá el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha cobrado especial protagonismo porque abordará cómo será la hoja de ruta española cuando asuma la presidencia de la UE en el segundo semestre de 2023. Un momento decisivo para intentar marcar pecho y orientar el liderazgo del club de clubes en un momento geopolítico muy convulso -los 27 Estados miembros asumen la presidencia en mandatos temporales de seis meses, de forma que a España no volverá a tocarle hasta dentro de más de una década. He aquí la relevancia-.