El Gobierno trabaja para que la amnistía salve la posible impugnación del Supremo

Esas arenas movedizas en las que las condiciones de Junts y ERC para la investidura han metido al Gobierno –las del borrado de la hoja delictiva, presunta o ya juzgada y condenada, por el 'procés' de ruptura con España– obligan a éste a trabajar un texto legislativo sin precedentes en democracia. Sin precedentes porque ni su cariz es equiparable a las resoluciones del TC que remataron la aplicación de la amnistía del 15 de octubre de 1977, previa a la Constitución y de la que este domigo se cumplen justamente 46 años; ni resulta homologable a las regularizaciones fiscales, en las que los 'indultados' asumen las ilegalidades y las compensan para quedar en paz con Hacienda; y ni España se encuentra ante un cambio de régimen ni sufre un conficto armado.

El Gobierno afronta así un ejercicio de orfebrería jurídica que debe tratar de asegurar el ajuste a la Carta Magna de un compromiso político de semejante envergadura ante el recurso que anticipa el PP, pero también ante las cuestiones de inconstitucionalidad que pueden elevar ante el TC el Supremo, el Tribunal Superior de Cataluña y los juzgados ordinarios concernidos por las causas derivadas del procés. Los tres exmiembros de la corte de garantías consultados, con responsabilidades en su día en su dirección, coinciden en que las impugnaciones no frenan la norma, pero sí pueden hacerlo con cada caso concreto en el que se formalice una duda de legalidad y el Constitucional acepte estudiarla. «Se suspendería el procedimiento, no la ley. Pero si las cuestiones de constitucionalidad se generalizan, eso sí puede generar un problema tremendo de aplicación práctica de la ley», explica Rodríguez Arribas.

La ley orgánica que regula la actividad del TC distingue entre los recursos y las cuestiones de inconstitucionalidad. Resumiéndolo, para los primeros están legitimados los actores políticos e institucionales; en el caso específico de esta posible amnistía, solo el PP, como partido opuesto a la medida de gracia, atesora hoy los 50 diputados o los 50 senadores exigidos para poder acudir al Constitucional. Cosa distinta, con sus propias reglas, son las cuestiones de inconstitucionalidad que pueden activar jueces y tribunales de oficio, a petición de las partes y contra el criterio de estas, incluso, si ven interrogantes sobre el acomodo a la Carta Magna de la norma que han de aplicar.

Los hechos enjuiciados por la intentona separatista en Cataluña jalonan una década y tienen dos momentos álgidos: los que precedieron y rodearon la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la posterior y fallida declaración unilateral de independencia; y la protesta contra la condena a prisión de los dirigentes del 'procés' que no huyeron hecha pública por la Sala de lo Penal del Supremo el 14 de octubre de 2019, ayer hizo cuatro años. Las causas potencialmente repercutidas por la amnistía se extienden, en lo que compete al alto tribunal, a la pena impuesta –luego indultada por Sánchez– a Oriol Junqueras y el resto de políticos presos, ademá de al prófugo Carles Puigdemont y sus compañeros de fuga; también estaría interpelado el Tribunal Superor de Cataluña, a punto de juzgar a los exaltos cargos de ERC Josep María Jové y Lluís Salvadó por los preparativos del plebiscito del 1-O; y, finalmente, existe una amplia casuística dificil de cuantificar con afectacion sobre centenares de catalanes.

Sumar los ha cifrado en el dictamen jurídico que presentó el martes, con coincidencias notables con la proposición de ley que el Congreso tumbó a los secesionistas hace dos años pero que no es –así se han encargado estos de subrayarlo– la de los socialistas. El informe de la coalición de Yolanda Díaz cifra en 700 las personas «imputadas penalmente» por las actuaciones contra la sentencia del Supremo. Los cortes de carretera han dado lugar a la incoación de 250 pleitos, mientras que el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona mantiene procedimientos contra 50 cargos de la Generalitat; 700 alcaldes han sido investigados por el referéndum; el juzgado número 18 también de la ciudad condal hace lo propio con otros diez dirigentes políticos por supuesta malversación en la difusión exterior del 'procés'; y la Audiencia Nacional tiene en sus manos la suerte de los actos violentos de los CDR y Tsunami Democràtic. A todos ellos se suman los 54 encausados ante el Tribunal de Cuentas y los 600 expedientes contencioso-administrativos incoados a ayuntamientos.

Sobre ese tapiz con tantos flecos y tan desiguales actuaría una ley de amnistía cuya aplicación es competencia de jueces y tribunales. No sería la primera vez que el TC encararía una avalancha de cuestiones de inconstitucionalidad: ya ocurrió con las medidas integrales contra la violencia machista aprobada en 2004. Rodríguez Arribas augura una «inseguridad jurídica» tal que podría desembocar en otro agujero como el del 'solo sí es sí' por la universalidad del principio penal del 'in dubio pro reo'. Y podría darse la pradójica circunstancia de que un caso sujeto a una cuestión de inconstitucionalidad se paralizara hasta la sentencia del TC, mientras en otros se amnistíe a los encausados porque los jueces no tienen duda. Pero «lo más razonable» en ese supuesto, apunta un exjuez del Supremo, es que imperara «la prudencia» y se aguardara al posicionamiento del TC.