El Gobierno de Torra espera paralizado, en minoría y dividido el fallo del Supremo

El Ejecutivo de Quim Torra recibió la semana pasada dos toques de atención que dan buena muestra de cómo está el panorama. Por un lado, la Cámara catalana tumbó, con los votos de toda la oposición (Ciudadanos, PSC, Comunes, PP y la CUP), un decreto del Ejecutivo que pretendía limitar los precios del alquiler. El Govern fue incapaz de sacar adelante una de las iniciativas con las que quería limpiar la imagen de parálisis y que solo se preocupa de mantener viva la llama del 'procés'.

Pero JxCat y ERC están en minoría (con la CUP solo podrían contar para medidas de ruptura) y no pueden aprobar ningún decreto ni mucho menos una ley en el Parlament. La legislatura discurre en ese sentido casi en blanco. Hablar de aprobar presupuestos es ya una quimera.

El segundo traspié se produjo el martes pasado. La abstención de Esquerra en la Mesa del Parlament impidió que la Cámara tramitara una iniciativa legislativa popular encaminada a declarar la independencia anunciada el 27 de octubre de 2017. JxCat y ERC volvieron a enzarzarse en un cruce de reproches -hay que dejar de hacer «gestos de cara a la galería», recriminaron los republicanos a sus socios- que escenificaron una división profunda en lo estratégico. Las diferencias han aflorado hasta en la gestión del incendio de Tarragona. Porque lo mas grave para el Ejecutivo de Torra es que lo único que lo mantiene unido es la espera de la sentencia del juicio contra el 'procés' y la situación de los presos.

La gran incógnita es qué hará el presidente de la Generalitat de Cataluña para responder al fallo del Supremo. Artur Mas le ha recomendado que no convoque elecciones. Pero al mismo tiempo se ha postulado como candidato a la Presidencia cuando acabe su inhabilitación (febrero de 2020). Mas libra una dura batalla con Carles Puigdemont por el control del espacio postconvergente, que sigue sin articularse como un partido y sin poner en orden las diferentes sensibilidades que hay en el PDeCAT, heredero natural de Convergència, la Crida o el mundo nacionalista que se agrupa en torno a JxCat y Puigdemont. El expresidente, aunque viva en Waterloo, es su mejor activo electoral pero su situación procesal le imposibilita para hacer política institucional. ERC también está tomando posiciones y el 15 de septiembre elegirá a una nueva ejecutiva encabezada por Oriol Junqueras y en noviembre celebrará un congreso nacional.

Desde la oposición dan por hecho que habrá elecciones tras la sentencia. Aunque en ocasiones el deseo se confunde con la realidad. Y es que, al independentismo le han entrado las dudas. Mas afirmó recientemente que unas elecciones tras el fallo podrían poner en riesgo la mayoría independentista en la Cámara catalana. También estaría en peligro, y eso Mas no lo dijo, la Presidencia para JxCat, toda vez que Esquerra le ha tomado ventaja tras el triple ciclo electoral.

De momento, Torra juega con la ambigüedad. Habla de que la respuesta estará basada en el derecho de autodeterminación y hace suya la frase de Cuixart en el juicio de que «lo volveremos a hacer». Con esos dos elementos, podría pensarse que piensa en un nuevo 1-O. En su entorno se muestran cautos. Hay que intentar que el fallo no se lleve por delante el Govern, no hay que dejarse llevar por la tensión, apuntan. Porque a su juicio no hay nadie interesado en elecciones, pero habrá que ver si Torra puede seguir gobernando con presupuestos prorrogados por tercer año consecutivo.

La presión desde Madrid también marca. Desde el Gobierno ya han hecho saber al independentismo que solo dialogará con el nuevo ejecutivo que salga de unas elecciones. La posición en Madrid divide además al secesionismo. ERC y los presos de JxCat son favorables a facilitar la investidura de Sánchez, en contra de la opinión de Puigdemont y el sector más radical del nacionalismo.