El Gobierno tensa la confianza de sus socios en la antesala de los Presupuestos

El propio Pedro Sánchez aseguró el pasado viernes, durante la celebración del Día de la Constitución en el Congreso, que superados ya los procesos de renovación de liderazgos de ERC –se dirimirá este sábado– y Junts que llevaron a retrasar ya varios meses la presentación de los Presupuestos, su intención era llevar el proyecto a la Cámara «a principios de año». Pero el órdago lanzado el lunes por Carles Puigdemont exigiendo que el presidente se sometiera a una moción de confianza y las amenazas del partido de Ione Belarra han provocado, sin embargo, que cinco días después el plazo sea más laxo. «¿Enero o febrero? Ni para ti, ni para mí –replicó este martes la ministra portavoz, Pilar Alegría, a una pregunta tras el Consejo de Ministros–: En el primer trimestre».

El Ejecutivo, que asume su precariedad, respondió el lunes con cierto escepticismo a la advertencia del expresidente de la Generalitat de que, transcurrido el primer año de legislatura, el crédito de Sánchez está en «números rojos» y advirtió de que el presidente no planteará una cuestión de confianza como exigió este en una comparecencia desde Bruselas. «No hay ni intención ni necesidad», reiteró Alegría. Pero una cosa es que se descarte echar mano de ese instrumento constitucional y otra que no se asuma que Junts tiene en su mano poner más cuesta arriba la negociación de las Cuentas.

La ministra evitó confrontar tanto con Junts como con el resto de sus socios y mostró una actitud humilde, pero también reivindicativa. «Desde el primer momento este Gobierno mantiene acuerdos, conversaciones y diálogos con el resto de fuerzas políticas. Somos un Gobierno de minoría y eso nos lleva a gestionar esa complejidad. Y a pesar de ello –valoró– hemos llegado a acuerdos y nos vamos a ir a las vacaciones con 25 leyes aprobadas».

Prueba de fuego

Pero el Gobierno se enfrenta hoy a una nueva prueba de fuego con la convocatoria de la comisión para negociar una proposición de ley que preserve el impuesto a las energéticas y que sentará en la misma mesa a PNV, Junts, ERC o Podemos en el Ministerio de Hacienda. Una reunión que venían reclamando los morados desde que sus diputados entregaron, hace cuatro semanas, sus decisivos votos al Ejecutivo para aprobar el paquete fiscal después de otra negociación 'in extremis' que hizo tambalear la legislatura. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, que había acudido en auxilio de la vicepresidenta María Jesús Montero, logró atraer a Ione Belarra a cambio de convocar, precisamente, esta cumbre de partidos.

Sin embargo, en Podemos ahora no ven nada claro que el Gobierno pueda convencer a PNV o a Junts para cambiar de opinión. Se sienten «engañados» y no perciben «voluntad real» de los socialistas por conservar un gravamen que formaba parte del paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Advierten de que no se puede entrar en una «lógica perniciosa» de que el Ejecutivo «incumple lo pactado» y que ha llegado el momento de «hacer valer sus votos».