El Gobierno sostiene que la crisis catalana solo es de «orden público» y no requiere medidas excepcionales

Poco antes de que Fernando Grande-Marlaska hiciera este diagnóstico de la situación en las calles catalanas tras la primera noche de relativa calma después de la sentencia del Supremo a los líderes del 'procés', el presidente de la Generalitat volvió a llamar a Pedro Sánchez. Por segunda vez en 48 horas, el presidente del Gobierno no cogió el teléfono. En la Moncloa explicaron que en ese momento, en torno a las 1300 horas, estaba en una reunión del comité de seguimiento de la crisis en Cataluña, a la que también acudió la vicepresidenta Carmen Calvo. Una desconsideración «inadmisible», señalaron fuentes del Ejecutivo de Torra.

Esta es la tercera vez que el presidente del Gobierno ignora los requerimientos del presidente catalán para sentarse a dialogar. Lo hizo el sábado por la mañana con la primera llamada, ese mismo día por la tarde tampoco contestó a una carta de queja que le envió Torra, y este domingo por la mañana volvió a ignorar el segundo telefonazo.

El ministro del Interior y portavoces de la Moncloa insistieron este domingo en que esa conversación no se va a producir hasta que el presidente de la Generalitat haga «una condena firma y rotunda, sin adjetivos, medias tintas, matices y equidistancias» de la violencia callejera. Grande-Marlaska instaba así a Torra para que dé el paso de situar el conflicto en el terreno «estrictamente» de orden público, sin otras connotaciones políticas. Es un escenario que también sufren «otras grandes democracias», recordó el ministro sin citar la crisis de los chalecos amarillos en Francia o los disturbios racistas en Alemania. Ante ese panorama de algaradas y desmanes, en España o cualquier otro país democrático, «el Estado actúa» para preservar la seguridad de los ciudadanos sin consideraciones de otro tipo, zanjó.

Esa unidad contra la violencia es lo que «espera» el presidente del Gobierno del presidente de la Generalitat porque cree que contribuiría a rebajar la escalada de violencia. No pretende que desista de sus ideas independentistas ni de sus proyectos políticos. «Nadie entiende -subrayó el ministro- que no lo haya hecho todavía» ni qué persigue con su calculado discurso. La sintonía, sin embargo, va a ser difícil porque desde el independentismo sostienen que las algaradas callejeras son parte del conflicto político. La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, afirmó hoy que Sánchez «ni quiere ni sabe ni puede decir qué piensa hacer para resolver el problema político más importante de la historia reciente de España». El presidente del Gobierno, resumió, «continúa sin entender nada» porque condicionar el diálogo a que Torra condene la violencia es «una excusa» para no abordar el problema de fondo.

Pero el mensaje gubernamental también tenía como destinatarios a los líderes del PP y Ciudadanos, que este domingo volvieron a reclamar a Sánchez la adopción de medidas de excepción en Cataluña. Pablo Casado denunció en un acto de su partido en Toledo que el presidente del Gobierno está «desbordado» y «ha fracasado» en Cataluña. Ante esa situación, dijo que él es «la alternativa» al líder socialista porque España necesita «un Gobierno de verdad, que lidere, que no esté enclaustrado en la Moncloa» y que tome decisiones sin que «le tiemblen las piernas».

Cifró, además, en 600 millones de euros las pérdidas en la actividad económica de Cataluña desde que se publicó la sentencia del Supremo. También, añadió, que el corte de carreteras ha supuesto pérdidas de 25 millones al día. No explicó de dónde extraía los datos.

Albert Rivera protagonizó por su parte una concentración en Barcelona ante el Palau de la Generalitat en la que volvió a insistir en la aplicación del artículo 155 para acabar con el mandato de Torra. El líder de Ciudadanos aseguró que adoptaría sin dudar esa medida si gobernase. «Yo -afirmó- no quiero ser presidente para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente para (.) meter en la cárcel a los que intente romper este país». Antes varios centenares de simpatizantes señaló que «no hay fuego, no hay barricada, no hay adoquín, no hay bola de acero, no hay mentira, señalamiento ni amenaza» que pueda frenar el proyecto de España.