El Gobierno se compromete ante Bruselas al mayor ajuste desde 2013

La misiva, en la que se recuerda que «la preparación de los Presupuestos ha tenido lugar en un ambiente particularmente desafiante», va firmada por el secretario general del Tesoro y Política Financiera, Carlos San Basilio, y está dirigida al director general de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Marco Buti. En el documento se destaca de inicio que las cuentas se han elaborado en base a unas proyecciones macroeconómicas y presupuestarias «prudentes», y que han recibido el visto bueno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (AIReF).

A continuación, el Ejecutivo socialista trata de «clarificar algunos puntos de relevancia». El primero de ellos concierne al déficit público. El Gobierno incide en que la reducción prevista del 0,4% «cumple con las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» y es, además, el mayor registrado en cinco años. En este capítulo también se atiende a la advertencia de la Comisión Europea de que el aumento nominal del gasto neto previsto en el borrador «excede el aumento máximo recomendado del 0,6 %».

España mantiene que la diferencia con respecto a la recomendación en términos de PIB es inferior al 0,5% de margen que recoge el Pacto de Estabilidad. Y, a continuación, se incide en la determinación de España de acelerar la reducción de la deuda. «La prioridad dada -se apunta- es alcanzar un superávit primario en 2019».

En un segundo apartado de la carta, el alto cargo de Economía destaca la aprobación de nuevos impuestos por el Consejo de Ministros del viernes. En concreto, los anteproyectos de ley sobre el impuesto digital y a las transacciones financieras, con los que se aspira a recaudar algo más de 2.000 millones de euros. Junto a estas nuevas tasas, el viernes también se dio luz verde a un plan contra el fraude y la evasión fiscal que incluye «medidas relevantes», como el establecer un techo de 1.000 euros para los pagos en efectivo. Según las previsiones del Ministerio de Hacienda, este plan permitirá recaudar 728 millones de euros extra.

 «La diligencia y la ambición con las que ha actuado el Gobierno no dan lugar a duda sobre el compromiso para implementar las medidas de ingresos previstas», añade el Ejecutivo de Sánchez, que también señala a la Comisión Europea otras medidas incluidas en el borrador sobre impuestos ambientales, sobre las ganancias y corporativos .

En la última parte de la misiva, Madrid incide en «el compromiso para cumplir con el Pacto de Estabilidad, para presentar el Presupuesto al Parlamento lo antes posible y para mantener debidamente informada a la Comisión Europea de cualquier desarrollo durante el proceso» de tramitación.

 La Comisión Europea tiende a plantear objeciones a los presupuestos que le presenta cada uno de los estados miembros. Se trata de un ejercicio habitual. De hecho, ahora, además de a España, le ha planteado dudas a otros cinco países de la zona Euro: Italia, Francia, Bélgica, Portugal y Eslovenia.

La Comisión Europea jamás ha echado para atrás un proyecto de Presupuestos. Este año es probable que lo haga, pero, en cualquier caso, España no será la damnificada. Ese papel está reservado para Italia, donde el gobierno de coalición formado por la Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas ha lanzado un claro desafío al saltarse todos los límites impuestos por Bruselas.

La Unión Europea no debe suponer así un obstáculo insalvable para el Gobierno de Pedro Sánchez. Otra cosa es el frente interno, donde los independentistas mantienen su exigencia de que se inste a la Fiscalía a retirar las acusaciones contra los encausados por el 'procés'. Ahí es donde reside el gran reto del Ejecutivo socialista para sacar adelante sus cuentas.