El Gobierno relativiza las enmiendas de ERC a los Presupuestos y garantiza su aprobación a tiempo

La vicepresidenta Nadia Calviño siempre ha reclamado que se deslinde la negociación presupuestaria de la ley audiovisual. Esquerra dijo estar de acuerdo y aceptó discutir sus enmiendas a la norma sobre las plataformas digitales en el trámite parlamentario correspondiente. Pero este jueves, al comprobar que sus demandas para fijar un porcentaje de la producción audiovisual en catalán no avanzaban, se desdijo y presentó 16 enmiendas a los Presupuestos. Ya lo avisó hace una semana el portavoz de Esquerra en el Congreso, «al PSOE, si no se le fuerza, no cumple».

Pero el Gobierno dice que no está preocupado. Considera que las negociaciones sobre la ley audiovisual «avanzan» y está «convencido» de que habrá acuerdo. Por otra parte, no aprecia voluntad real en Esquerra para torpedear las Cuentas. Los republicanos secundaron a los socialistas el jueves para rechazar en la Cámara los vetos al proyecto que habían presentado el PP, Vox, Ciudadanos, Junts y Coalición Canaria. Este viernes volvieron a respaldar al PSOE contra las 45 impugnaciones a las secciones del proyecto.

Ahora queda por ver si Esquerra mantendrá vivas sus enmiendas y reúne apoyos para que sean aprobadas en la votación en el Senado del 21 de diciembre. La portavoz socialista en la Cámara alta, Eva Granados, auguró que los republicanos las retirarán «en las próximas horas». El Gobierno también lo cree y confía en que el pulso no se prolongue hasta el último minuto. De tener razón, los Presupuestos se aprobarán de forma definitiva esa día sin regresar al Congreso para convalidar o rechazar los cambios y entrarán en vigor el primer día de 2022.

«España va a contar en los próximos días con unos Presupuestos Generales del Estado que darán estabilidad y confianza», garantizó este viernes la portavoz gubernamental tras la segunda reunión semanal del Consejo de Ministros. Y se aprobarán «en tiempo y forma», apostilló Isabel Rodríguez.

Lo que no quiere de ninguna manera el Gobierno es enemistarse con sus aliados republicanos y prescindir de sus 13 votos en el Congreso, vitales para sacar adelante la obra legislativa que atesora. Por eso, la portavoz defendió su «legitimidad» para presentar las enmiendas aunque en un primer momento el movimiento provocó un serio enfado en las filas socialistas.

En la Moncloa achacan estos vaivenes de Esquerra, en los que mezcla los órdagos con la colaboración, a que hace política en Madrid con la mirada puesta en Barcelona. Los republicanos sufren en Barcelona un estrecho marcaje de Junts y del mundo independentista en general, que desconfía de su apuesta pragmática. Esa vigilancia, sostienen en el Gobierno, hace mella en Esquerra, que necesita hacer cada cierto tiempo gestos de rebeldía contra los socialistas y embarrar el terreno para combatir las acusaciones de colaboracionismo (botifler), todo un estigma en el imaginario soberanista.

Muy mal tienen que ir las conversaciones sobre la ley audiovisual para lo que por ahora son avisos se conviertan en hechos consumados. La vicepresidenta primera, y principal responsable de la normativa, se mostró este viernes optimista sobre las perspectivas de llegar a un acuerdo, «La negociación está avanzando», apuntó la siempre cautelosa Nadia Calviño. La número dos del Ejecutivo señaló que se alcanzará un equilibrio entre las demandas de Esquerra y las condiciones de los gigantes de las plataformas de streaming.

Los republicanos reclaman que el 6% de la producción audiovisual sea en lenguas cooficiales, y las multinacionales (Netflix, HBO, Amazon o Disney) sostienen que no pueden ser obligadas a ello porque no son compañías españolas y, en consecuencia, no están sujetas a las normas de producción nacionales.

Algunos dirigentes socialistas, de todos modos, empiezan a levantar la voz contra esta estrategia del Gobierno de llevar las negociaciones al extremo. Ocurrió con el PNV y sus demandas de soterramiento de las estaciones del AVE de Bilbao y Vitoria, y ahora con ERC y la ley audiovisual. En ambos casos, afirman, se podía haber cerrado el acuerdo mucho antes.