El Gobierno da largas ahora a la reforma legal que derivó en el choque con el Constitucional

De la «urgencia» por aprobar la proposición de ley que buscaba sortear las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para suspender la tramitación de esas enmiendas para acelerar la renovación del Constitucional se ha pasado al «ya se verá». Como señalan fuentes parlamentarias socialistas, la cuestión ha dejado de ser «algo prioritario» en el calendario legislativo de Moncloa. En pleno año electoral y con Sánchez conminando a silenciar el ruido ambiental, el Gobierno quiere dar prioridad en este tramo de la legislatura a reformas pendientes como la ley de vivienda o la derogación de la llamada 'ley mordaza', y por ello ha solicitado al Congreso habilitar el mes de enero. En el PSOEapuntan ahora a «la necesidad de una reflexión» que vaya más allá «sobre qué hacer cuando uno de los dos grandes partidos que sostienen el espíritu del 78 se vuelve contra el sistema y este queda absolutamente desprotegido». Y vuelven a cargar las tintas contra el PP, al que insisten en culpar de «incumplir la Constitución».

Mientras en Ferraz se quedan con el vuelco que dio la situación la semana pasada y empiezan a sondear sobre posibles alternativas a los grupos parlamentarios del bloque de investidura, Unidas Podemos apuesta por dejar a un lado lo que considera «parches» y apunta directamente al «el origen del problema»:la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. «El actual está pensado para el bipartidismo, no para una realidad pluripartidista, eso es gravísimo», sostienen fuentes cercanas a la dirección del partido.

Por el momento, los morados dejan la pelota en el tejado de los socialistas para que sean estos los que marquen los tiempos si definitivamente se tramita la proposición de ley aparcada, y redoblan su apuestan por alternativas como la propuesta por el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín.

Su fórmula consistiría en que la mayoría de tres quintos de la Cámara (210 escaños) que se exige ahora para actualizar el CGPJ podría rebajarse a mayoría absoluta, con el factor corrector de que tendría que estar respaldada por al menos la mitad de los grupos de la Cámara (en la presente legislatura serían cinco). «El Gobierno y los socios parlamentarios deberían concentrase en esto, no es viable acabar la legislatura con el órgano de gobierno de los jueces bloqueado», señalan las fuentes citadas.

Hace dos años, PSOE y Unidas Podemos ya registraron una iniciativa que recortaba las mayorías requeridas para renovar el CGPJ y el TC, pero Pedro Sánchez la retiró ante los recelos de la UE y las quejas del PP, liderado entonces Pablo Casado, con el que se encontraba en la fase final de una negociación que más tarde acabaría frustrándose.

La secretaria general dePodemos, Ione Belarra, lleva ahora semanas intentando poner sobre la mesa del Consejo de Ministros esta cuestión que, de aceptarse, dejaría de lado la reforma legal que derivó en un conflicto entre los poderes judicial y legislativo. Pero en Ferraz siguen estudiando las alternativas y apuestan por pisar con pies de plomo.

Los socios del Gobierno también se mantienen a la expectativa de las decisiones que puedan tomar el PSOE y Unidas Podemos. Fuentes del grupo parlamentario de EHBildu constatan a este periódico que no ha habido contactos en este período navideño, pero admiten que la elección de los nuevos miembros del TC «acabó con las prisas» de Moncloa. «Habrá que hablar entre todos los partidos del bloque de investidura, pero compartimos lo que dice Podemos, ir al origen del problema, el Constitucional era la derivada al fin y al cabo», señalan. Más País, que presentó su propia proposición de ley, también apuesta por que el Ejecutivo tome la iniciativa para desbloquear el CGPJ. «Si el Gobierno cede a la oposición siempre será un inquilino en el Estado», zanjan en el partido de Íñigo Errejón.

De momento, la entrada de la magistrada progresista designada por el Consejo, María Luisa Segoviano –pese a que no era la persona elegida por el sector más a la izquierda del GCPJ– otorga a Sánchez un balón de oxígeno en un momento crítico de la legislatura, y a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales ante las que la coalición trata de que prevalezca su acción social. El Gobierno también se ha garantizado tener mayoría progresista en el Constitucional con la incorporación del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo y la exasesora de Presidencia Laura Díez.