El Gobierno recurre la condena al Estado por su pasividad en el asesinato de José Couso

La vía penal se cerró de forma provisional en la Audiencia Nacional con el procesamiento de los militares que iban en el tanque. Años más tarde se abrió la vía administrativa, en la que el tribunal central sentenció que el Estado español debía indemnizar a la familia de Couso por no defender sus intereses frente a Estados Unidos. La mujer recibiría 100.000 euros y 41.000 a cada uno de los dos hijos del cámara de Telecinco.

Pues bien, la Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, ha anunciado hoy la interposición de un recurso contra esta sentencia. La casación será llevada al Tribunal Supremo. La sentencia, de la que fue ponente el magistrado Ignacio De la Cueva, establecía que el Estado debería pagar las indemnizaciones por no haber emprendido «acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional» a fin de conseguir reparación del daño causado por esa conducta.

Es más, en la vista de la Audiencia Nacional los servicios jurídicos del Estado no solo rechazaron el pago de estas cuantías o el castigo a los servicios diplomáticos, sino que en el caso de estimarse defendieron que el dinero que pedían los familiares fuese mucho menor. Javier Couso, hermano de José, fue hasta el verano pasado eurodiputado de Izquierda Unida en el Parlamento de Bruselas.