Gobierno y PP rechazan que el cambio en el Supremo vaya a influir en el juicio del 'procés'

Ni guiño ni gesto. Así lo ven los protagonistas del juicio más importante desde el proceso por el fallido golpe de Estado del 23-F. Una óptica que, en rara sintonía, compartieron en la Moncloa y en la oposición. «En absoluto» se puede interpretar como que vaya a haber un cambio, señaló rotundo el exministro Rafael Catalá, negociador del PP en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. «Nadie aparta a (Manuel) Marchena» de la Sala de lo Penal porque «asciende» a presidente del Tribunal Supremo, abundó el extitular de Justicia. El relevo, según Catalá, «no va a afectar negativamente al rigor jurídico de la sala».

En el Gobierno se despacharon con parecida contundencia para rechazar que la sustitución del conservador Marchena por el moderado Andrés Martínez Arrieta al frente de la Sala de lo Penal va a suponer que el tribunal juzgador será más indulgente con los líderes del proceso independentista. Fuentes gubernamentales apuntaron que todos los recursos de los acusados contra las decisiones del instructor Pablo Llarena sobre prisiones preventivas u otras medidas fueron resueltos por un magistrado de la sala de recursos etiquetado como progresista, Alberto Jorge Barreiro, y en todos los casos dio la razón al magistrado.

 En el Supremo, recordaron estas fuentes, no ha habido ninguna fisura ni voto particular en el procedimiento judicial contra los dirigentes soberanistas acusados de rebelión. Una postura tan homogénea, subrayaron en la Moncloa, no es previsible que vaya a modificarse por un cambio de nombres al frente de la sala o por el juez ponente de la sentencia.

El relevo de Marchena no es el único en el tribunal juzgador. El puesto de Martínez Arrieta será cubierto por la progresista Susana Polo, y cabe aún algún cambio más si la juez Ana Ferrer es nombrada vicepresidenta del Tribunal Supremo. Pero sean los que sean los sustitutos, garantizaron fuentes jurídicas, no va a variar la filosofía del tribunal, como se ha visto hasta ahora, y como se verá cuando en las cuestiones previas al juicio las defensas de los acusados propongan la inhibición del Supremo a favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como ya han anunciado que van a hacer. Esa petición, sostienen estas fuentes, será rechazada de plano sin mayor debate entre los siete jueces del tribunal.

 «No va a cambiar nada», coincidió también un abogado defensor de uno de los exconsejeros. «Todo es una farsa», apuntó con su proverbial contundencia el portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardá. «La sentencia -subrayó- está escrita» y el hecho de que el tribunal tenga una composición u otra es irrelevante. La diferenciación entre conservadores, progresistas o moderados es instrumental porque los jueces del Supremo saben qué trabajo tienen que hacer para «obedecer las órdenes del poder económicos o del poder político», completó su compañero Gabriel Rufián. «Solo -añadió- les falta (llevar) en la toga el logo del PSOE, del PP o de los bancos».