El Gobierno quiere limitar la acusación popular para frenar más 'casos Begoña Gómez'

El anteproyecto que el Ejecutivo aprobó en noviembre de 2020 ya consideraba necesario privar a los partidos políticos y los sindicatos de la posibilidad de constituirse en acusadores en un proceso penal sin ser víctimas directas o tener un interés legítimo específico en el caso. Sin embargo, el Gobierno, que lleva meses denunciando un «acoso judicial» de índole ideológica, querría ir más allá y poner las cosas también difíciles a las asociaciones de ultraderecha que, entre otras cosas, promovieron en primera instancia la investigación a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el pasado abril.

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las cortes, Félix Bolaños, argumentó este viernes que este tipo de organizaciones, como Manos Limpias o Hazte Oír – personadas también en otras causas que afectan directa o indirectamente al Gobierno la del Fiscal General del Estado, la del hermano de Sánchez y el 'caso Koldo', y actores fundamentales en el pasado de asuntos como el 'caso Nóos', que sentó en el banquillo a la infanta Cristina, o el 'caso Gürtel'–, están «pervirtiendo el espíritu» de una figura constitucional concebida en origen como mecanismo de participación ciudadana para aumentar la confianza en el sistema.

«No les importa nada perseguir el delito y establecer los hechos - sostuvo en una comparecencia en la sede del Ministerio de Justicia en la que hizo balance del año que termina–. Lo que tienen es interés perseguir a personas progresistas de sus familias». Bolaños apuntó que por esa razón su departamento tiene intención de «analizar» qué puede hacer al respecto, aunque no avanzó ninguna línea de actuación concreta al respecto. «Cuando tengamos respuesta –avanzó sin más– la explicaremos».

En su papel de ministro responsable en la materia, Bolaños evitó en esta ocasión cuestionar el papel de los jueces, incluido el del 'caso Gómez', Juan Carlos Peinado, al que distintos miembros del Gobierno han acusado de prevaricar por decisiones polémicas como la imputación del vicepresidente del IE, Juan José Güemes, a raíz de la tergiversación de la declaración de una testigo. Pero eso no quiere decir que el Ejecutivo en su conjunto se haya apeado de la tesis de que hay un sector de la justicia que actúa con parcialidad para tratar de desgastar a su presidente.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo manifestó con todas las letras en una entrevista en Onda Cero en la que no apuntó ya a las organizaciones de ultraderecha sino Isabel Díaz Ayuso como principal instigadora de las causas que salpican al Ejecutivo como cortina de humo frente a los delitos fiscales presuntamente cometidos por su novio, Alberto González Amador, y conocidos el pasado marzo. «A partir de ahí, este país, incluidos Tribunal Supremo, Fiscalía General del Estado, juzgados, etcétera, lleva bailando al son que marca la presidenta de la Comunidad de Madrid un montón de meses», dijo. «Hay personas que se creen intocables, que tienen una protección de un ecosistema mediático bestial y, en este caso, un acompañamiento de instituciones del Estado que me parece – añadió– absolutamente inaceptable».