El Gobierno quiere aprobar antes de primavera la reforma de la 'ley mordaza'

Los trabajos de la comisión deberían haberse retomando el pasado miércoles, pero, una vez más, la fatalidad ha hecho que se tengan que posponer. Los positivos en covid de varios de los ponentes y la cuarentena de otros nutrido grupo de diputados provocó que el presidente de la comisión, el exministro socialista José Luis Ábalos, aplazara el inicio de las sesiones al miércoles 19. La idea es que esa jornada haya una doble sesión de la ponencia y otra reunión más la semana siguiente, el 26 de enero. Todo ello con el objetivo de cumplir las órdenes de Moncloa de que el dictamen se pueda aprobar a finales de enero o principios de febrero para que el Pleno del Congreso pueda dar luz verde al texto antes de la primavera.

Los optimistas plazos de Interior y Moncloa contrastan con la falta de contactos y avances reales en el proyecto desde que a finales de octubre los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos pactaran 51 enmiendas al texto que presentó en septiembre de 2020 el PNV, uno de los partidos que con más ahínco ha defendido la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana desde que ésta fuera aprobada en 2015 por la mayoría popular.

Los planes del Grupo Socialista pasan por pisar el acelerador en los próximos días para cerrar con sus habituales socios parlamentarios lo que consideran solo como «flecos», ya que están convencidos de que contarán «sin demasiados problemas» con el apoyo de PNV, ERC, Bildu, PDeCAT, Más País o Compromís. En Interior parten de la premisa que ninguna de estas formaciones, que no tienen «grandes objeciones» al proyecto del PNV y a las modificaciones propuestas por los partidos del Gobierno, vaya a «romper la baraja», alineándose con el PP, Vox y Ciudadanos.

Los tres partidos de oposición ya han garantizado su voto en contra a la propuesta de PSOE y Unidas Podemos surgida al calor de la promesa renovada de Pedro Sánchez el pasado octubre en la clausura del Congreso Federal del PSOE de derogar de inmediato la 'ley mordaza'. En el Ministerio del Interior y el Grupo Socialista no se llaman a engaño y directamente van a obviar cualquier contacto para atraerse a estas formaciones. Arguyen que la situación actual es muy diferente a la de 2019 cuando incluso, se vislumbró un posible pacto de Estado ante la posición más o menos receptiva del PP y Ciudadanos a incluir cambios en el controvertido texto legal.

Ahora 'populares' y 'naranjas' rechazan de manera tajante la reforma. Una posición que comparte Vox, que entonces no tenía representación parlamentaria. Los tres partidos ya han salido a la calle el pasado noviembre con los sindicatos y organizaciones profesionales de las fuerzas de seguridad para mostrar su oposición frontal a los siete ejes fundamentales de la reforma promovida desde del Gobierno: la eliminación de la prohibición de difundir las imágenes de los policías sin contar con autorización; la limitación del uso de pelotas de goma en algaradas; la obligación de devolver al detenido al lugar donde se produjo su arresto; el límite de 2 horas en las detenciones para identificación; la no sanción de concentraciones «espontáneas»; la perdida de presunción de veracidad del atestado policial; y el hecho de tener en cuenta la capacidad económica individual a la hora de fijar las sanciones.

En Interior insisten en que no va a haber problema en que la práctica totalidad de partidos que votaron la investidura de Sánchez ahora respalden la reforma. Sin embargo, algunas de esas formaciones, en particular ERC o Bildu, consideran demasiado 'light' el texto de PSOE-Unidas Podemos, sobre todo porque abogan por la total prohibición de material lesivo en los disturbios, entre otras cuestiones.