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Las expectativas de que la XXVII Conferencia de Presidentes que hoy tiene lugar en Santander acabe con acuerdos sustanciales es mínima, pero a falta de consenso en contenido, Pedro Sánchez ha ensalzado hoy en el Palacio de la Magdalena, poco después de realizarse una foto ... de familia con el Rey, la imagen de «unidad territorial» que transmite el mero hecho de que todos los gobernantes autonómicos sin excepción, desde el catalán, Salvador Illa, al vasco, Imanol Pradales, pasando por los del PP, que presiden once comunidades, y los otros tres socialistas, se hayan dado cita para debatir de asuntos que afectan a la ciudadanía como el acceso a la vivienda, las plazas de personal sanitario y la gestión de la inmigración.
A esos tres asuntos, sobre los que tampoco será fácil un entendimiento, hay que añadir, sin embargo, el de la financiación autonómica, que los barones del PP exigieron incluir en el orden del día después de que el Gobierno aceptara negociar con Cataluña una suerte de concierto fiscal similar al del País Vasco y Navarra para lograr la investidura de Salvador Illa. La «financiación singular» no solo solivianta al principal partido de la oposición sino que se ha encontrado también con el rechazo frontal de los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, Emiliano García-Page y Adrián Barbón. La anfitriona del encuentro, la cántabra María José Sáenz de Buruaga, ha aprovechado su saludo inicial para hacer una advertencia al respecto. «La financiación autonómica es algo que nos afecta a todos y que debemos decidir entre todos -ha remarcado- sin privilegios y en pie de igualdad».
De momento, el Gobierno ha tratado de rebajar los ánimos con un anuncio que responde a una exigencia de los propios barones del PP: que la quita de deuda que inicialmente se prometió para la Generalitat de Cataluña en el acuerdo de investidura con ERC pero que el Ejecutivo prometió hacer extensiva a todas las comunidades se negociará de manera multilateral en un Consejo de Política Fiscal y Financiera en enero.
Además, con una fórmula ambigua, se ha comprometido a «acordar entre todos un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios, y garantice que todas las CCAA reciban más recursos de los que reciben hoy».
Sánchez trae también a esta cita una propuesta sobre la que probablemente sí será posible cierta unanimidad, que las autonomías reprogramen una parte de los fondos europeos de cohesión para dar a los territorios afectados por la DANA una línea adicional de ayuda; algo a lo que ya se han mostrado dispuestos varios gobierno.
En sentido opuesto, el Gobierno asume que el acuerdo en materia de inmigración es prácticamente imposible pero aspira a algún tipo de entendimiento respecto a Sanidad y Vivienda, aunque ayer las comunidades del PP se quejaba de que llegaban a esta cita sin ningún documento ni propuesta concreta. A primera hora de la mañana, el Ejecutivo ha dado a conocer, no obstante, algunos de sus objetivos en estos ámbitos.
En Vivienda, Sánchez plantea blindar el «carácter público y social» de las viviendas financiadas con recursos públicos «de forma permanente e irreversible», para que el parque público llegue al 20% que tienen los países europeos «más avanzados»; aprobar una reforma de la Ley del Suelo «que ofrezca más seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de modificar sus planes urbanísticos , ayude a acelerar la construcción de viviendas asequibles, y a adaptar la normativa actual al reto del cambio climático» y que las comunidades «hagan uso de la Ley de Vivienda» una norma que contempla la intervención del mercado del alquiler en zonas «tensionadas» y que los barones del PP exigen derogar pero que el Ejecutivo insiste en impulsar con el argumento de que está dando «buenos resultados».
Sobre inmigración, donde las posturas están enormemente distanciadas después de meses intentando negociar una reforma de la ley de Extranjería que permita el reparto obligatorio de los menores no acompañados entre autonomías cuando los centros de acogida estén saturados, el Gobierno es menos concreto. Pide «acordar de una vez una solución compartida» y que las autonomías se unan a las iniciativas del Gobierno de España para «fomentar la migración regular, sumándose a los acuerdos internacionales se migración circular.
El Ejecutivo ha aprovechado además esta mañana para anunciar que transferirá a las autonomías 223 millones de euros extraordinarios a principios de 2025 para que financien la adopción y desarrollo de nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial. Para mejorar la atención a los pacientes y aprovechar mejor el tiempo de los sanitarios.
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