El Gobierno promete aprobar este año una ley de secretos oficiales

El último episodio data de abril de 2021, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez bloqueó el texto para elaborar su propio proyecto de ley. Hasta designó una comisión interministerial con los departamentos de Presidencia, Defensa, Interior y Exteriores para elaborar un texto. Pero nunca más se supo.

Félix Bolaños, sin embargo, respondió este miércoles al emplazamiento del diputado del PNV Mikel Legarda y garantizó que es «voluntad» del Gobierno que el Consejo de Ministros apruebe este año un proyecto para remitirlo al Congreso y que en esta misma legislatura sea una realidad.

La de secretos oficiales es una de las pocas leyes franquistas en vigor, data de 1968 y lleva la firma del almirante Luis Carrero Blanco. Sufrió un ligero retoque en 1978, antes de la aprobación de la Constitución, pero en esencia mantiene la redacción original. La norma en vigor no prevé, entre otros particularidades, un plazo para la desclasificación de los documentos declarados secretos.

La proposición del PNV plantea que a los diez o 25 años, en función de su grado de reserva, se hagan públicos los informes clasificados. El Gobierno no es partidario de plazos rígidos y su idea es fijar un calendario de acuerdo al nivel de secreto.

La de secretos oficiales no es la única norma relativa a la seguridad que el Gobierno pretende sacar adelante. Este jueves se votará la reforma de la ley de seguridad nacional, y los socialistas cuentan con que los populares les ayuden a salvarla.

El Ejecutivo sabe ya que no va a poder contar con el apoyo de sus socios habituales para sacar adelante una iniciativa pensada, en principio, para crear una reserva de bienes estratégicos que garantice su dispensación a los ciudadanos en caso de tesituras extremas, como pandemias o conflictos bélicos, pero en la que los nacionalistas ven una amenaza. Este jueves se celebra el debate de totalidad. ERC ha presentado dos enmiendas de devolución y Junts una tercera. EH Bildu tiene intención de votarlas a favor. Y el PNV también.

Alberto Núñez Feijóo dejó claro este miércoles, en cambio, que su partido permitirá que la reforma inicie su andadura parlamentaria. Los populares son muy críticos con el texto, reprobado en su preceptivo informe por el Consejo de Estado. El órgano consultivo consideró abusivo que, como pretende el Gobierno, ante un estado de crisis se puedan imponer «prestaciones personales» sin indemnización a cualquier mayor de edad. Pero el PP se muestra dispuesto a negociar; un cambio respecto a la 'era Casado', ya que el expresidente del PP aseguró el pasado febrero que votaría en contra de la norma.

Con este escenario de partida -y con la crisis del espionaje aparentemente remitiendo pero aún viva- es difícil que el llamado bloque de investidura acabe pasando por el aro a lo largo de la tramitación parlamentaria. Ni siquiera está clara cuál será la postura final de Unidas Podemos que, no obstante, este jueves votará en contra de la retirada del texto.