Gobierno y Cs presionan al PSOE para frenar la derogación de la prisión permanente

El PP y el partido que lidera Albert Rivera pueden bloquear la tramitación en el Congreso de la supresión de la prisión permanente porque tienen mayoría en la Mesa de la Cámara con cinco de los nueve cargos, y desde allí pueden prorrogar hasta cuando quieran los plazos de presentación de enmiendas o utilizar otros ardides parlamentarios para postergar la aprobación. Pero prefieren un acuerdo político con la oposición. Un pacto que solo es posible con el PSOE por su número de diputados y por su posición política.

Ante estas presiones, los socialistas exhiben una unidad por ahora sin fisuras a favor de la derogación porque consideran que es inconstitucional, pero es una homogeneidad cogida con alfileres y motivada por el acoso exterior. Entre los diputados del PSOE se reconoce que su posición es «endiablada» y aceptan que en el debate del jueves no salieron bien parados porque es muy difícil conciliar que se está con las víctimas pero en contra de sus demandas. «Perdimos», admitió ayer el exministro Javier Solana en su conferencia en la Escuela de Buen Gobierno del PSOE.

Entre los socialistas pesa como una losa que la mayoría de sus votantes son partidarios de la prisión permanente para los crímenes más repugnantes. En la encuesta que invocan el Gobierno y Ciudadanos para defender que esa figura penal es respaldada por ocho de cada diez, el 88% del electorado del PSOE se decanta por la reclusión revisable. El asesinato del niño Gabriel Cruz no ha hecho más que reforzar esa opinión entre los simpatizantes del principal partido de la oposición. Además, recuerdan en el grupo parlamentario, está la incongruencia de defender los 40 años de prisión efectiva para los culpables de delitos muy graves y el rechazo a una prisión que puede ser revisada a los 25 años de reclusión.

Pero, a pesar de todas estas circunstancias, el rechazo del PSOE se mantiene incólume. «Ninguna asesina va a hacernos cambiar nuestra manera de ser, de entender la tolerancia en una sociedad en la que los derechos y libertades están por encima del miedo», afirmó ayer el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig. Palabras similares han pronunciado en las últimas horas el secretario general, Pedro Sánchez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y otros dirigentes. La única grieta la abrió Blanca Estrella Ruiz, presidenta de la asociación Clara Campoamor, afín al PSOE, que reclamó la suspensión de militancia de Juan Carlos Campo, portavoz de justicia del PSOE en el Congreso, por su discurso «contra las víctimas» en el debate del jueves, una intervención de «bochorno y vergüenza» por la que pidió «perdón a los españoles» en nombre del PSOE. La dirección del partido restó importancia a esta discrepancia.

Una alternativa que manejó Pedro Sánchez antes del debate parlamentario fue pedir el aplazamiento del mismo hasta que el Constitucional resuelva su recurso y el de otras cinco fuerzas de la oposición presentado hace tres años. Una tesis que ha vuelto ser considerada por los dirigentes socialistas, solo que el paréntesis se produciría ahora en la Comisión de Justicia que debe tramitar la proposición del PNV que plantea la derogación de la prisión permanente.

Una posición que contaría con el respaldo de Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, instó al PSOE a que «recapacite» y adopte la decisión «más sensata» de esperar a que el Constitucional resuelva el recurso sobre la legalidad de la prisión permanente. No así el PP, que va a presentar las próximas semanas en el Congreso una proposición de ley para ampliar de ocho a 13 los supuestos de aplicación de esa figura penal y reavivará la polémica.