El Gobierno da prácticamente por perdida la reforma de la financiación autonómica

El modelo en vigor fue aprobado en 2009 tras una intensa negociación impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en la que se concedió un protagonismo especial a Cataluña, que había fijado en el Estatut de 2006 una serie de principios relativos a su financiación. Como parte del Gobierno tripartito del socialista José Montilla y socio preferente del PSOE en el Congreso, ERC tuvo también mucho que decir.

Entonces ya uno de los principales caballos de batalla de los partidos catalanes era la necesidad de corregir las enormes diferencias en financiación 'per cápita' que producía el sistema anterior, de 2001. Exigían cambiar unos mecanismos que, según sus cálculos, dejaban a Cataluña por debajo de la media pese a ser una de las comunidades que más aportaban.

En 2010, el departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat publicó un informe de «descripción y valoración» de la reforma del año anterior. «Con el sistema de nivelación acordado, Cataluña después de su aportación a la solidaridad con el resto de comunidades autónomas se sitúa en el 104% de la media, que es el lugar que le corresponde de acuerdo con su capacidad fiscal», decía. La satisfacción duró, sin embargo, poco.

Cuando llegó el momento de revisar y actualizar el modelo, en 2014, ya había quedado claro que a la Generalitat le parecía peor que insuficiente. De hecho, solo tres años después del acuerdo de 2009, en plena recesión, el Parlament aprobó -con los votos de CiU, ICV-EUiA y ERC, el apoyo parcial del PSC y la abstención el PP- una propuesta de pacto fiscal para para dotar a Cataluña de un sistema similar al del concierto vasco o el convenio navarro.

El Gobierno de Mariano Rajoy respondió entonces con un portazo y advirtió de que aquello era inconstitucional. Cinco años después, en 2017, agobiado por el cariz que estaban tomando las cosas y con el referéndum del 1 de octubre a la puertas, mostró su disposición a negociar a cambio de la renuncia a la independencia. Pero aquel amago cayó en saco roto. Ahora la exigencia de un concierto a la catalana vuelve a escena.

El Ejecutivo reprocha al PP, que gobierna en once comunidades autónomas, que no haya querido sentarse a negociar «de manera discreta» un cambio de modelo. Lo habitual es, en realidad, que el Gobierno haga una propuesta y la negocie con las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no una negociación entre partidos. Pero a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le facilitaría mucho las cosas que sea Alberto Núñez Feijóo el que ponga de acuerdo a los suyos.

En este debate, los intereses de las distintas comunidades son divergentes y no se alinean tanto por ideología como por sus características (población, orografía, capacidad económica...). Pero, además, una nueva ley requerirá el apoyo de la mayoría absoluta de del Congreso. En este caso, el PSOE no puede contar con los votos del PNV y EH-Bildu y sin ellos, el bloque de investidura no suma, de modo que, a diferencia de 2009, los populares resultan imprescindibles.

El Gobierno alega que el principal partido de la oposición no tiene interés en pactar porque prefiere la bronca y porque en un momento de crecimiento económico el modelo rinde de manera positiva. «El ciclo hace que la urgencia para cambiar el sistema no sea tanta», sostienen. Sin embargo, fuentes de la Moncloa admiten que, ahora mismo, el escollo real no es ese. «Cataluña tampoco está entrando», se lamentan.

Los cantos de sirena de una financiación «singular» dentro del sistema del régimen común, entonados hace unas semanas por Pedro Sánchez, han puesto en guardia al resto de autonomías (y a varias federaciones del PSOE), pero además han sido recibidos con algo más que escepticismo por parte de ERC, de la que el socialista Salvador Illa depende para ser investido president.

En el Ejecutivo asumen que desbrozar el camino con los republicanos es indispensable para avanzar y reconocen que las cosas no pintan bien. «Si se hubiera despejado la posibilidad de una repetición electoral en Cataluña habría más posibilidades, pero Esquerra está preocupada porque Junts está apostando fuerte por el concierto, y nuestra respuesta a eso es no». remarcan. «Hoy por hoy no hay nada en su discurso que nos pueda hacer pensar que se van a mover».

Para suavizar las cosas lo que sí está dispuesto a negociar ya Hacienda, sin esperar a que haya nuevo Gobierno de la Generalitat, es la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) comprometida con los republicanos en el acuerdo para la investidura de Sánchez. Empezará con Cataluña y continuará por Galicia y Andalucía, siguiendo el orden de acceso a la autonomía.