El Gobierno fía al PP la nueva ley de secretos oficiales ante los recelos de sus socios

Pero más allá del apretado calendario, Moncloa, según admiten algunos de los responsables de la redacción de la ley, se encuentra en un incómodo 'fuego cruzado'. En el Ejecutivo dan por descontado que sin el apoyo del PP al nuevo texto no habrá nueva ley de secretos oficiales en esta legislatura y esto puede provocar «graves problemas burocráticos» en el seno de la Alianza Atlántica, que lleva años instando a España a actualizar sus niveles de materias reservadas para adecuarlos a los de sus aliados.

Y es que en Presidencia creen que el largo blindaje temporal y los niveles de clasificación que exigen los estándares de la OTAN y de otros aliados europeos no van a ser aceptados por los socios de investidura. Es más, en Moncloa reconocen que ni tan siquiera tienen garantizados los votos de Unidas Podemos, cuyos responsables a día de hoy ni conocen los detalles de un borrador que Bolaños mantiene en el más de los estrictos de los secretos.

Presidencia, a solo unos días de aprobar el articulado, tampoco ha contactado con el PNV, según confirmaron este martes fuentes de esta formación. Y eso que los nacionalistas vascos son los que desde noviembre 2016 viene presionando de manera reiterada para derogar la vieja normativa de la dictadura. El PNV, en su proyecto -que ha sido ignorado tanto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como por el de Pedro Sánchez- abogaban por desclasificar los documentos secretos en 25 años y los reservados en 10. Solo dos niveles. Esa última propuesta, admitida a trámite por el Congreso hace dos años, ha sido bloqueada por la Mesa al prorrogarse semana tras semana el plazo de enmiendas.

Los plazos para levantar el velo que propone el PNV, admiten fuentes parlamentarias, podrían ser asumibles llegado el caso por otros socios de investidura como ERC o EH Bildu, cuya prioridad es conocer informaciones sobre el golpe del 23-F y de la guerra sucia de los GAL. Pero el texto con el que trabaja el Gobierno apunta a periodos de desclasificación mucho más amplios porque la escala de las materias sensibles también será mayor que la propuesta del PNV.

En principio, la futura normativa, que en los borradores se denomina «Ley de Información Clasificada», fijará cuatro niveles: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los niveles se establecerán dependiendo de la gravedad del daño que para los intereses de España provocase la difusión de los datos en cuestión (extraordinariamente grave; grave; perjudicial; o simplemente desfavorable para el país).

España en la actualidad solo tiene dos categorías de materias (secretas y reservadas), por lo que las autoridades vienen intercambiando información sensible con sus socios de la OTAN desde 1982 y con los de la UE desde el 1985 sin amparo legal, usando simplemente los sellos de «confidencial» o «difusión limitada».

Fijados los cuatro niveles, la controversia está en los plazos para descalificación del borrador del equipo de Bolaños. Hay acuerdo en que el tiempo para levantar el velo debe depender de la sensibilidad de los asuntos, pero el arco que plantea el Gobierno no es del gusto de sus socios, según reconocen altos responsables del Ejecutivo, que insisten en mirar al PP.

Presidencia mantiene en absoluto secreto el texto que llevará al Consejo de Ministros el 26 de julio o el 2 de agosto, pero en sus últimos borradores (que datan de principio de año) se movía en una franja entre los 50 años del «alto secreto» a los solo 5 años de opacidad para las cuestiones «restringidas». El Ejecutivo se planteaba incluso poder extender una década más adicional la negativa a desclasificar materias «alto secreto» y «secreto». En cualquier caso, la firme intención de Bolaños es dejar fuera de las 'desclasificaciones automáticas' a las materias más sensibles.

De confirmarse estos plazos y estas líneas rojas, España, aunque acabaría con los secretos de Estado 'perpetuos' que permite la ley franquista todavía en vigor, se situaría, no obstante, en el rango de los países occidentales con mayores restricciones temporales para el acceso a la información sensible.

En este escenario, admiten en Presidencia, será difícil atraer a los socios de investidura, por lo que a la vuelta de vacaciones la prioridad es acercar posturas con el principal partido de la oposición. Los contactos con el PP no han comenzado. Ni siquiera ha habido una toma de temperatura, pero en Moncloa recuerdan que los populares, desde que el PNV introdujo en 2016 en la agenda política la necesidad de acabar con la ley franquista, siempre han defendido la posibilidad de llegar a blindar los secretos más sensibles hasta medio siglo.